El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, ha afirmado este jueves que, analizado el informe del Tribunal de Cuentas relativo a los años 2010-2011, "se evidencia que la Comunidad suspende clamorosamente en materia social, económica, contable y administrativa".

El Grupo Parlamentario Socialista plantea la necesidad de que comparezca el consejero de Economía y Hacienda, Francisco Martínez Asensio, en esta Comisión parlamentaria para "dar respuestas a cuestiones a las que el interventor general, alegando su condición técnica, no ha contestado".

Precisamente, este jueves ha comparecido en sesión informativa el interventor general de la Comunidad, Eduardo Garro, por delegación del consejero para informar sobre la Cuenta General de la Comunidad correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

Navarro ha señalado que el interventor "ha intentado justificar el informe negativo que hace el Tribunal de Cuentas, pero la evidencia es que durante esos dos años la Administración regional no hizo los deberes".

"Estamos ante un informe tremendamente negativo que pone en tela de juicio la calidad de los servicios públicos y la calidad de la propia Administración regional", advierte.

Durante la comparecencia del interventor general de la Comunidad "se ha hablado de los graves problemas que detecta el Tribunal de Cuentas en relación con la rendición de cuentas, por ausencia y retraso de determinadas empresas, fundaciones o consorcios. Deja claro, asimismo, que el control no ha llegado a todas las administraciones públicas y no se han arbitrado medidas para solucionar el tema".

El Tribunal de Cuentas refleja también "importantes irregularidades en los procesos de contratación pública". Navarro ha indicado que del mismo modo, en lo que concierne a las subvenciones y transferencias, dice este organismo que "en la mayor parte no se acreditan las razones de carácter público, social, económico o humanitario que justifiquen la adjudicación directa de esas subvenciones".

"Respecto al aval del aeropuerto que cuesta a los murcianos 200 millones de euros, el Tribunal de Cuentas manifiesta que su concesión ha supuesto una alteración sustancial de las condiciones públicas de la licitación de dicho aeropuerto, puesto que no aparecía esa condición en el pliego de condiciones con el que concursaron las diferentes empresas a esta obra", indica.

En cuanto a la contratación pública, Navarro añade que "queda clara que la justificación deficiente de la ejecución de determinados contratos o los pliegos de cláusulas administrativas que se publicaron son incompatibles en muchos casos con los principios de publicidad y transparencia".

A su juicio, "resulta curioso en este ámbito que las demoras en la ejecución de determinados contratos se produzca en obras que fueron adjudicadas precisamente en base a una reducción de los plazos de ejecución".