La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  Isabel García Tejerina y el PP, se han quedado este jueves prácticamente solos en la defensa de una Ley de Parques Nacionales que no obstante ha pasado su primer examen en el Congreso al no prosperar las enmiendas de totalidad del BNG, Izquierda Plural, PSOE y CIU.

García Tejerina, que se estrenaba este jueves con una norma verde en el pleno de la Cámara Baja, ha hecho una glosa de las reformas legislativas emprendidas por su antecesor en el cargo, Miguel Arias Cañete, y ha insistido en la idea de que el proyecto es constitucional, y reflejo del "firme compromiso del Gobierno con el medio ambiente".

Su "dudosa" inconstitucionalidad y la "invasión" de competencias han motivado, entre otros argumentos, las citadas enmiendas, rechazadas con el voto mayoritario del Grupo Popular y los dos votos que suman Foro y UPN, y han merecido la abstención de UPyD.

Durante el debate, marcado por la indisposición, al parecer por estrés acumulado, del portavoz de CIU Martí Barberá, que ha tenido incluso que abandonar el estrado cuando explicaba su enmienda, la oposición ha insistido en que la ley deja una "puerta abierta" a la caza, la urbanización y las actividades comerciales.

Argumentos todos ellos que según la portavoz del PP, Teresa Lara, solo se pueden hacer desde la "profunda ignorancia, la mala fe o la demagogia", y son afirmaciones "estereotipadas que sólo buscan los titulares de la prensa.

Así, ha señalado que el proyecto recoge "todas y cada una" de las observaciones del Consejo de Estado, que no invade competencias, que no abre la puerta a la urbanización en los parques, que no cambia nada en relación a la ley socialista sobre la caza, autorizada solo pare el control cinegético, y que hay otros parques como Doñana donde se permite la navegación turística.

Pero tanto Olaia Fernández (BNG) como Joan Baldoví (Compromís) han insistido en que el proyecto supone un "importante retroceso" y tiene un enfoque centralista además de avanzar en la explotación comercial.

También para Ana Oramas, de Coalición Canaria, el texto es centralista e "inoportuno", mientras que para Teresa Jordá de ERC, se trata del último "regalito envenenado" del "ambienticida" Cañete, ya que se aprobó en Consejo de Ministros bajo su mandato.

Otros diputados como Laia Ortiz (Izquierda Plural) han considerado  que es una ley "hecha a medida para algunos amigos". Y Jose Luis Ábalos (PSOE) lo ha calificado de "engendro" y ha recordado que la anterior norma socialista, que se quiere ahora reformar, fue aprobada por unanimidad.

Y frente a las acusaciones de invasión de competencias, Toni Cantó (UPyD) ha pedido al PP que sea "más valiente" y recupere toda la competencia, y ha acusado a los partidos nacionalistas de "mentar la bicha recentralizadora que no tiene que ser mala per se".

Según el Ejecutivo, el proyecto, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, pretende establecer un modelo de "gestión coordinada" y para ello encomienda al Estado la potestad de coordinación y le asigna la competencia puntual de intervención con la finalidad de evitar daños irreparables.

Se trata, ha asegurado la ministra, de un proyecto de ley de "territorios y personas", que refuerza el régimen de incompatibilidades ya existentes, al introducir otras nuevas como la extracción de hidrocaburos, áridos o canteras.

Los 15 Parques Nacionales con los que cuenta España pertenecen todos a la Red Natura 2000, cuatro son Patrimonio de la Humanidad y diez Reservas de la Biosfera; el más grande es el de Sierra Nevada (Andalucía) con un total de 86.210 hectáreas, y el más pequeño el de las Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha), con 1.928 hectáreas.