UGT y CCOO rechazan la condena a prisión a dos miembros del 15M por piquetes en la huelga del 29M

Los sindicatos UGT y CCOO han mostrado este miércoles su rechazo a la última sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que confirma la condena a tres años de prisión que impuso en su día el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a dos integrantes del piquete informativo del Movimiento 15M, una mujer y un joven, por coaccionar a la propietaria de un local de la capital granadina para que cerrara durante la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012.

Los sindicatos UGT y CCOO han mostrado este miércoles su rechazo a la última sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que confirma la condena a tres años de prisión que impuso en su día el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a dos integrantes del piquete informativo del Movimiento 15M, una mujer y un joven, por coaccionar a la propietaria de un local de la capital granadina para que cerrara durante la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012.

En un comunicado, consideran que los dos afectados, Carlos C.N. y María del Carmen B.C., condenados a tres años y un día de cárcel y a pagar una multa de 2.880 euros, más las costas del proceso y una indemnización de 767 euros, deberían haber sido absueltos, ya que su "único delito" fue "pelear por los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras".

Además, han criticado que este tipo de sentencias, "políticas y de carácter ideológico", no son "un caso aislado", ya que forman parte de una "estrategia para criminalizar a los movimientos sociales y sindicales", y advierten de que "por mucho que quieran, la sociedad civil organizada no se va a amedrentar".

De hecho, CCOO y UGT, a través de sus organismos confederales, han remitido una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, en la que denuncian el aumento de procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga y en los que el Ministerio Fiscal solicita, como regla general, penas privativas de libertad "excesivas y desproporcionadas proponiendo condenas, que en algunos casos, superan los tres años de prisión, a pesar de que en general, no existen fenómenos de violencia, ni se menoscaban bienes jurídicos relevantes".

Ambos sindicatos consideran que se está utilizando como agravante de responsabilidad penal el ejercicio del derecho a la huelga y reclaman que se preserve el derecho fundamental de libertad sindical y de huelga, éste último, "parte esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas que rigen nuestro Estado Social y de derecho".

Por último, CCOO y UGT han censurado asimismo que "cuando se trata de protección del derecho al trabajo o ataques a las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores, no se actúa con el mismo celo". Por ello, exigen "el fin del acoso del Estado a los derechos fundamentales de la ciudadanía".

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