El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, asevera en un auto dictado este miércoles, en respuesta a una petición del sindicato Manos Limpias para comprobar la autenticidad de las firmas plasmadas en las actas de Aizoon, que si la firma de la infanta Cristina fue falseada "deberá ser ella y no terceros quien así lo denuncie, y nos ponga en la pista de quiénes pudieron llevar a cabo tales supuestas falsedades".

En concreto, el sindicato solicitaba que se le requiriera al notario Carlos Masià, quien participó en la constitución de Aizoon, que aportase al Juzgado diversos documentos relacionados con las Juntas Universales de la empresa celebradas en julio de 2005 y abril de 2006, a fin de acceder a las firmas originales de éstas. Asimismo, reclamaba una pericial caligráfica de estas rúbricas.

El juez del 'caso Nóos', José Castro, ha rechazado pedir una prueba caligráfica de las firmas de la infanta Cristina que figuran en las actas de dos juntas de la empresa Aizoon celebradas en julio de 2005 y abril de 2006, a las que la Duquesa de Palma negó haber asistido cuando declaró ante el magistrado.

El juez Castro explica en el auto que las actas a las que se refiere Manos Limpias son de las juntas universales de Aizoon donde la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin intervinieron como presidenta y secretario, respectivamente, y acordaron varios cargos de la junta así como el traslado del domicilio social de la empresa a la calle Elisenda de Pinós, donde residía el matrimonio.

Según el juez, el notario que protocolizó esos acuerdos que fueron anotados en el Registro Mercantil era "sobradamente conocedor de la identidad de Iñaki Urdangarin" y de su firma y no debió abrigar ninguna duda de la autenticidad de los documentos. "No procede por tanto que terceras personas que en su confección no intervinieron se cuestionen en este momento la, cuando menos, aparente realidad de tales juntas, la asistencia de las persona que en ella se dice ni las firmas con las que dieron su conformidad a lo que en ellas supuestamente se decidió, debiendo en un principio tenerse como cierto su contenido".

El juez certifica la existencia de una transferencia de 12 millones de euros de Telefónica a un empresario catalán en una cuenta de Ucrania, investigada en el marco de esta causa, al tiempo que señala que al respecto ha surgido "un imprevisto" y es que el destinatario del traspaso, citado este sábado como testigo, se encuentra en prisión y deberá ser interrogado por videoconferencia.

En concreto, el magistrado a pospuesto de las 10.00 a las 13.30 horas del sábado la declaración del empresario, Juan José López, quien será inquirido, tal y como avanza en el auto, sobre por qué relaciona esta transferencia de dinero con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), considerada sucesora del Instituto Nóos e investigada por presuntamente servir de plataforma para desviar dinero al extranjero. "No está de más que el testigo explique de dónde extrae las conclusiones que a su criterio relacionan a la entidad ordenante de la transferencia, Telefónica, con una fundación vinculada a don Iñaki Urdangarin, el destino que a esa importante suma le estaba reservado, cuál era el papel que tenía que interpretar don Juan José López y el beneficio que le reportaría", recalca.