El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla llevará al próximo pleno provincial una iniciativa en la que insta a la institución supramunicipal a dar su apoyo al Decreto Ley andaluz para que "todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla sigan prestando los mismos servicios que prestan en estos momentos". Además, insta al Gobierno central a que no recurra este decreto que considera "fundamental para todos los ayuntamientos, además de coherente, y fundamentado con las leyes que rigen las competencias de nuestra Comunidad y entidades locales".

Según señala en la moción el portavoz socialista, Manuel Domínguez, recogida por Europa Press, el día 20 de mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba un decreto que, bajo la denominación Decreto ley por el que se establecen Medidas Urgentes para la aplicación de la ley 28/ 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, supone para los ayuntamientos andaluces un "marco de posibilidad legítimo para seguir desarrollando algunas competencias que suponen dar servicio directo al ciudadano y que con la norma estatal dejarían de ser prestadas municipalmente".

Así, señala que, con este decreto y mientras el Tribunal Constitucional no dirima sobre el recurso de inconstitucionalidad que la Junta de Andalucía ha incoado sobre la ley estatal, se pretende "blindar" unas 29 competencias, como las relativas a la ordenación, gestión y disciplina urbanística; planificación y gestión de viviendas de protección oficial; gestión de servicios sociales comunitarios; la promoción y defensa de la salud pública; la seguridad en las actividades en espacios públicos; defensa y protección de usuarios y consumidores; promoción del turismo, o las políticas de integración del inmigrante.

"Se trata por tanto de buscar e impulsar medidas para defender las competencias de los ayuntamientos andaluces, en función de los dispuesto en el Estatuto de Autonomía, frente a la reforma de la administración local emprendida por el Ejecutivo nacional", añade, incidiendo en que este decreto es de "idéntico objetivo" a una Ley que el Gobierno de Castilla León, del País Vasco o Galicia han aprobado y sin que el Ejecutivo nacional haya recurrido.

Evitar cargas administrativas "desproporcionadas"

Por otra parte, el PSOE planteará también una moción en la próxima sesión plenaria para instar al Gobierno central a que impulse la adopción de la norma, en virtud del artículo 40 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, para que se dispense a los pequeños productores de vino de las obligaciones relacionadas con la circulación y control de sus productos.

Según el documento, recogido por Europa Press, el PSOE explica que la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, establece el régimen general aplicable a los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de diferentes productos, entre ellos el alcohol y las bebidas alcohólicas, regulados por las Directivas 92/83/CEE y 92/84/CEE. La Directiva establece las normas relativas a la fabricación, transformación y tenencia de productos sujetos a impuestos especiales, mientras que establece las normas relativas a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo.

ASí, advierte de que la aplicación de las exigencias previstas en el procedimiento de gestión de las operaciones descritas en el ámbito de la producción y comercialización de vino puede "comportar una carga administrativa desproporcionada" para los pequeños productores de vino, por lo que la Directiva prevé la posibilidad de que los Estados miembros dispensen de determinadas obligaciones al colectivo de pequeños productores de vino, con una producción media inferior a 1.000 hectolitros. de vino al año.

Recuerda que en Andalucía existen 147 pequeñas industrias que podrían beneficiarse de esta medida, lo que supone el 66,8 por ciento del total de las industrias productoras de vino en Andalucía, que agrupan el 3,6 por ciento de la producción. "La adopción del sistema de dispensa establecido por la normativa de la UE permitiría a los pequeños productores de vino de Andalucía, y del conjunto del Estado, obtener una simplificación en sus procesos de comercialización, lo que redundará en su capacidad competitiva y en la agilización de las disposiciones administrativas, con el consiguiente ahorro económico", concluye.