El pasado día 7 de febrero, la juez Mercedes Alaya impuso a ambos imputados una fianza de responsabilidad civil de 593.306,96 euros a la que debían hacer frente con carácter solidario y declaró a la Federación regional de Industria de CCOO responsable subsidiaria de dicha cantidad, lo que fue recurrido por Juan Antonio Caravaca.

Tras ello, la instructora ha estimado parcialmente dicho recurso y ha rebajado a 61.312,20 euros la fianza civil impuesta a Caravaca y a 88.996,04 euros la fijada respecto a Jiménez, pues entiende que las fianzas deben cuantificarse en un porcentaje sobre la cantidad realmente abonada por la Junta en el expediente de Calderinox, que ascendió a 444.980,22 euros.

Asimismo, acuerda que la Federación regional de Industria de CCOO responda subsidiariamente respecto de los 88.996,04 euros.

La magistrada argumenta que ambos imputados "participaron en sus respectivos cargos en las negociaciones que culminaron en la concesión al margen del procedimiento legal de subvenciones y de la ayuda sociolaboral a los extrabajadores de Calderinox a través de la firma de una póliza con varios suplementos en los que se incluyeron a dos personas que nada tenían que ver con la empresa", es decir, a dos 'intrusos', precisando que tanto la póliza como los suplementos "fueron firmados por Enrique Manuel Jiménez".

A ello se suma que ambos imputados "mantuvieron diversos contactos personales y telefónicos" con los que fueran directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez", y que "les constaba que no se había solicitado formalmente ninguna ayuda, además de conocer por sus respectivos cargos que no existían publicadas bases reguladoras de subvenciones que determinaran los requisitos de los beneficiarios, por lo que tenían información suficiente de que la ayuda se había concedido al margen del procedimiento legal".

En resumen, y a la hora de fijar la fianza, la juez tiene en cuenta que ambos, "conociendo la falta de solicitud, de bases reguladoras de concesión, cooperaron para la concesión de la ayuda al margen de su procedimiento legal, consiguiendo junto a otros que Márquez retomara los compromisos adquiridos con Guerrero", mientras que "ambos cooperaron para que Márquez incluyera en el suplemento de la póliza a una persona que no tenía derecho a ello", como es Antonio Fernández Garzón.

La instructora añade que Enrique Jiménez "fue el que firmó la póliza y suplementos en nombre y representación de la Federación sindical como tomador impropio de la póliza, por lo que pudo conocer" la inclusión de los dos 'intrusos'.

"Su actuación más intensa ante la firma de la póliza y suplementos" lleva a la juez a imponer a Enrique Jiménez una fianza civil de 88.996,04 euros, respondiendo ambos solidariamente hasta la cuantía fijada en el caso de Juan Antonio Caravaca, que es de 61.312,20 euros.