El PP aprueba la ley que adapta la reforma local entre críticas de la oposición al "ataque" a los ayuntamientos

El PPdeG ha aprobado con sus votos la Ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro, entre la crítica unánime de los grupos de la oposición --PSdeG, AGE y BNG-- al "ataque a la autonomía local" que entienden que supone el texto.

El PPdeG ha aprobado con sus votos la Ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro, entre la crítica unánime de los grupos de la oposición —PSdeG, AGE y BNG— al "ataque a la autonomía local" que entienden que supone el texto.

En el pleno del Parlamento de Galicia, la popular Paula Prado, portavoz del grupo mayoritario en el debate del dictamen elaborado por la Comisión Institucional al respecto, ha apelado a "la responsabilidad" de la oposición, a cuyos diputados ha dicho que "aún" estaban "a tiempo de apoyar una norma que favorece la autonomía local".

Sin embargo, en la votación, en la que los populares han rechazado las enmiendas que se mantenían de todos los grupos de la oposición, estos han votado en contra de la norma.

Novedades que incorpora

Esta normativa incorporó en el trámite parlamentario novedades como la obligación de "reconsiderar" la delegación de las competencias que realice la Xunta de Galicia si la financiación que se lleva a cabo "resultase insuficiente".

Las modificaciones realizadas en ponencia suponen, por ejemplo, que en la delegación de las competencias que recoge el artículo 2 —las que podrá llevar a cabo la Xunta a los municipios para que sigan prestando determinados servicios—, "deberá determinarse su duración, las posibles prórrogas y los medios personales, materiales y económicos asignados". Además, en el caso de que la financiación de la delegación "resulte insuficiente, deberá procederse a su reconsideración", según fija ahora la ley.

Incorpora un nuevo artículo por el que se "deberá establecer un marco de coordinación y colaboración efectiva entre la Administración autonómica y local" para la prestación y mantenimiento de los servicios ante la ciudadanía, "debiendo promover su mejora y garantizar su prestación efectiva".

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