La Guardia Civil de Algeciras (Cádiz) está a punto de cerrar una operación en la que estarían implicados unos 80 profesionales sanitarios, la mayoría de ellos médicos, por un presunto delito de cohecho, y que han sido detenidos y puestos ya en libertad, tras prestar declaración.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado, la operación "sigue abierta" y tiene como objetivo acabar con un presunto fraude que estarían cometiendo los reseñados al firmar certificados de defunción y cobrarlos, cuando "ellos no pueden cobrar por ese trabajo", apuntan.

La investigación, que se mantiene activa desde hace meses, afecta a dos hospitales de la zona de la Bahía de Algeciras, tanto al del SAS en La Línea de la Concepción como al Punta de Europa de Algeciras, aunque también se habrían detectado algunos casos en centros de salud del entorno.

Al parecer, los médicos que firmaban el certificado de defunción a los usuarios les cobraban unos 25 euros por el servicio que, según destacan, "en ningún caso debe ser remunerado".

Finalmente, las fuentes consultadas señalan que en las próximas horas podría quedar cerrada la operación, ya que hay numerosa documentación requisada en las últimas semanas que está siendo analizada.

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación interna para intentar esclarecer este presunto fraude. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha anunciado que tomará todas las medidas necesarias para esclarecer estos hechos, que ya investiga también la Fiscalía. Además, la Junta abrirá los expedientes necesarios con el objetivo de depurar responsabilidades en el caso de que se demuestren estos delitos.

En este sentido, señala que la administración sanitaria es "la primera interesada en aclarar este asunto, por lo que colaborará en todo momento con la Justicia".

La Consejería tuvo conocimiento de que la Fiscalía, a través de la Guardia Civil, procedía a investigar a facultativos del Campo de Gibraltar por un presunto delito de cohecho y de falsedad documental, a raíz de la denuncia de una funeraria. Inmediatamente, se procedió a abrir una información reservada paralela a la investigación judicial, con el objetivo de depurar responsabilidades, en caso de que se comprobara que los hechos son ciertos.