La Guardia Civil ha detenido a 26 personas, 17 en Baleares, tres en Alicante, dos en Madrid, y cuatro en Málaga, y ha imputado a otras dos como integrantes de una organización que ha estafado a unas 5.000 personas con innecesarias revisiones de gas en sus domicilios, por las que cobraban hasta 1.200 euros.

Según explica el instituto armado en una nota de prensa, las personas estafadas, que cifra entre 4.000 y 5.000, solían ser de avanzada edad y origen extranjero, residentes en España, en especial alemanes, británicos y holandeses que viven en las Islas Baleares.

La jueza de Instrucción número 4 de Palma ha enviado a prisión a 14 de los 17 detenidos en Islas Baleares. Según han informado fuentes judiciales, 15 de los detenidos en el archipiélago pasaron este viernes a disposición judicial y a 14 de ellos, la jueza Piedad Martín, en funciones de guardia, envió a prisión.

Los operarios de estas empresas se citaban por teléfono con las posibles víctimas a estafar, a las que le ofrecían la revisión periódica de la instalación del gas de su domicilio que no es obligatoria.

Una vez en la vivienda y durante la revisión los estafadores detectaban averías inexistentes en las instalaciones del gas, cuya reparación presupuestaban inicialmente en unos 50 euros, y mientras arreglaban el supuesto problema añadían otros nuevos que incrementaban el coste hasta los 1.200 euros.

Aquellos clientes con mayor poder adquisitivo eran nuevamente estafados por los falsos inspectores que volvían a repetir la operación.

Los falsos operarios llegaron incluso a cometer robos de los objetos de valor que tenían a su alcance en los domicilios en los que conseguían entrar.

Como parte de la Operación CH4, la Guardia Civil ha realizado numerosos registros en los que se ha incautado de abundante documentación, dinero y material informático que vincula a los ahora detenidos con los hechos delictivos que se les imputan.

Además, se ha incautado de bienes valorados en unos 4 millones de euros, que se sospecha fueron adquiridos con el dinero proveniente de las estafas, y que consisten en ocho viviendas, 25 vehículos de alta gama, la mayoría pertenecientes a una empresa de alquiler de coches sin conductor de Alicante que también ha sido intervenida, dos motocicletas de gran cilindrada y numerosas cuentas corrientes.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares.

Ante esta operación, el instituto armado ha realizado algunas recomendaciones para evitar este tipo de estafas, que comienzan por no dejar entrar al interior de su vivienda a personas desconocidas.