Los exdirectores generales de Finanzas del antiguo IFA, actual agencia IDEA, Pablo Millán y Juan Vela, se han acogido este viernes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que ambos imputados han cerrado la ronda de declaraciones prevista para esta semana y se han negado a declarar ante Alaya, tras lo que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna para ellos.

Hay que recordar que la magistrada, en un auto dictado el pasado 13 de mayo, citó esta semana a 25 imputados, de los que han comparecido un total de 19 que se han negado a declarar y para los que el Ministerio Público no ha pedido medida cautelar alguna, con la excepción de los exdirectores generales de IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, para quienes interesó una fianza de responsabilidad civil de 6,7 y 26 millones de euros, respectivamente.

En la mañana de este viernes también han comparecido ante la juez el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río y el exsecretario general de Empleo Francisco García, quienes igualmente se han negado a declarar.

Igualmente, había sido citado Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, cuya comparecencia ha sido aplazada al próximo día 5 de junio debido a que este viernes está prevista la ceremonia civil de uno de sus hijos.

El imputado pidió la suspensión de su declaración por este motivo y, para justificar dicha solicitud, hizo entrega en el Juzgado de una copia de la invitación de boda donde consta el día y lugar de celebración.

Del río defiende que su actuación se ajustó siempre a la "legalidad"

Para el 5 de junio están previstas, igualmente, las declaraciones del presidente de Unicaja, Braulio Medel; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, y Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

En relación al exjefe del gabinete jurídico de la Junta, y aunque se ha negado a declarar hasta que no obre en la causa el atestado de la Guardia Civil sobre la agencia IDEA, ha presentado un escrito en el que defiende que su actuación "en todo tiempo y momento se ha ajustado al más genuino y escrupuloso respeto de la legalidad en el ejercicio de la alta misión que le venía encomendada desde su absoluta independencia, con la única sujeción a la Constitución y Leyes del Reino de España y de la Comunidad Andaluza".

Así, señala que "está dispuesto a prestar su más leal colaboración con la autoridad judicial y las partes acusadoras para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, desde su firme protesta de inocencia, rechazando desde ahora con toda energía los reproches acusatorios" contenido en el auto de imputación dictado por la juez el pasado 13 de mayo.

La imputación de alaya

La instructora considera que Francisco del Río asistió a 14 sesiones del Consejo Rector "en las que se le dio cuenta de la firma de 22 convenios" entre el director general de Trabajo e IFA/IDEA, a los cuales, "en su labor de control como miembro del Consejo, no opuso reparo alguno".

Asimismo, la juez dice que el imputado no opuso reparo a la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001, "del que podría inferirse su conocimiento previo, dado el cargo que ostentaba y teniendo en cuenta que, según el exdirector general de IFA Francisco Mencía, "al mismo se le remitían los convenios particulares que debían ser objeto de aprobación por el Consejo y una copia de los mismos una vez que eran aprobados".

"Indiciariamente, se puede llegar a la conclusión que, al igual que el resto de los vocales, aunque si cabe con mayor profundidad, Francisco del Río sería conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad a cambio de agilidad en el otorgamiento y pago de las subvenciones del programa 31L, a través de la presupuestación y uso inadecuado de las transferencias de financiación, omitiéndose burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de tales subvenciones", dice Alaya.

La juez agrega que en esta actuación "abiertamente al margen del Derecho participaría el imputado como uno de los máximos valedores de la legalidad en la Junta, participación que podría determinar que dicho procedimiento específico pudiera conocerse, al margen de la información que tuviera el Consejo de Gobierno, por la Consejería de Presidencia".

"especial formación"

Al hilo, asevera que, "además de no oponer reparo a los 22 convenios citados, votó favorablemente a la ratificación o autorización de 32 convenios", todo ello pese a que, "por su especial formación, debía conocer al igual que el resto del Consejo que la figura de las transferencias de financiación sólo podía estar destinada a financiar las pérdidas de IFA/IDEA y que además la Consejería competente para financiar a la agencia desde mayo de 2004 no era la de Empleo, sino la de Innovación a la cual estaba adscrita IDEA".

"La falta de lógica del sistema sería evidente, pese a lo cual se renovaría en cada ejercicio presupuestario, participando el imputado en el mismo autorizando el pago de múltiples subvenciones", razona.