La juez Alaya cita a declarar como imputado este viernes al exjefe del gabinete jurídico de la Junta

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar como imputado este viernes a Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2008.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar como imputado este viernes a Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2008.

Asimismo, la magistrada Mercedes Alaya ha citado este viernes a Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía; a los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela, y al exsecretario general de Empleo Francisco García.

Los cinco imputados referidos se encuentran dentro de los 25 encausados a los que la juez ha citado a declarar a lo largo de esta semana tras haber formado parte de distintos consejos rectores de IFA/IDEA entre los años 2001 y 2008.

La instructora considera que Francisco del Río asistió a 14 sesiones del Consejo Rector "en las que se le dio cuenta de la firma de 22 convenios" entre el director general de Trabajo e IFA/IDEA, a los cuales, "en su labor de control como miembro del Consejo, no opuso reparo alguno".

Asimismo, la juez dice que el imputado no opuso reparo a la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001, "del que podría inferirse su conocimiento previo, dado el cargo que ostentaba y teniendo en cuenta que, según el exdirector general de IFA Francisco Mencía, "al mismo se le remitían los convenios particulares que debían ser objeto de aprobación por el Consejo y una copia de los mismos una vez que eran aprobados".

"Indiciariamente, se puede llegar a la conclusión que, al igual que el resto de los vocales, aunque si cabe con mayor profundidad, Francisco del Río sería conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad a cambio de agilidad en el otorgamiento y pago de las subvenciones del programa 31L, a través de la presupuestación y uso inadecuado de las transferencias de financiación, omitiéndose burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de tales subvenciones", dice Alaya.

La juez agrega que en esta actuación "abiertamente al margen del Derecho participaría el imputado como uno de los máximos valedores de la legalidad en la Junta, participación que podría determinar que dicho procedimiento específico pudiera conocerse, al margen de la información que tuviera el Consejo de Gobierno, por la Consejería de Presidencia".

Al hilo, asevera que, "además de no oponer reparo a los 22 convenios citados, votó favorablemente a la ratificación o autorización de 32 convenios", todo ello pese a que, "por su especial formación, debía conocer al igual que el resto del Consejo que la figura de las transferencias de financiación sólo podía estar destinada a financiar las pérdidas de IFA/IDEA y que además la Consejería competente para financiar a la agencia desde mayo de 2004 no era la de Empleo, sino la de Innovación a la cual estaba adscrita IDEA".

"La falta de lógica del sistema sería evidente, pese a lo cual se renovaría en cada ejercicio presupuestario, participando el imputado en el mismo autorizando el pago de múltiples subvenciones", razona.

También está citado este viernes Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, quien según la juez comenzó como vocal del Consejo Rector de IDEA a partir del acta de 9 de julio de 2007 y asistiría a cuatro de las cinco sesiones analizadas, en las que "votaría favorablemente autorizando la suscripción de ocho convenios entre IDEA y la Dirección de Trabajo".

La juez ha citado a lo largo de esta semana a 25 imputados, de los que han comparecido hasta el momento 15, todos los cuales se han acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la instructora.

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