El Tribunal de Cuentas pide opinión a Principado y a Fiscalía sobre el dictamen del 'caso Marea'

El Tribunal de Cuentas ha emitido una diligencia en la que emplaza al Gobierno del Principado de Asturias, como entidad presuntamente perjudicada, así como al Ministerio Fiscal, para que en el plazo de cinco día formulen alegaciones que estimen procedentes y aporten la documentación que consideren oportuna acerca de la procedencia de que se nombre delegado instructor o se decrete el archivo de las actuaciones sobre el dictamen de la comisión parlamentaria del caso Marea, la presunta trama de corrupción en la contratación pública asturiana en la anterior etapa socialista en el Gobierno del Principado.

El Tribunal de Cuentas ha emitido una diligencia en la que emplaza al Gobierno del Principado de Asturias, como entidad presuntamente perjudicada, así como al Ministerio Fiscal, para que en el plazo de cinco día formulen alegaciones que estimen procedentes y aporten la documentación que consideren oportuna acerca de la procedencia de que se nombre delegado instructor o se decrete el archivo de las actuaciones sobre el dictamen de la comisión parlamentaria del caso Marea, la presunta trama de corrupción en la contratación pública asturiana en la anterior etapa socialista en el Gobierno del Principado.

La diligencia del Tribunal de Cuentas llega después de que el presidente de la comisión de investigación sobre el asunto, Ignacio Prendes (UPyD), decidiese enviar toda la documentación y el dictamen aprobado. Prendes dijo en su día que enviaba la documentación ante la "rebeldía" del Gobierno asturiano que se negaba a hacerlo.

Ante las posibles "responsabilidades contables", el Tribunal de Cuentas ha decidido que se pronuncien sobre el asunto tanto Fiscalía como el Principado de Asturias.

Tras conocerse la reciente decisión del Tribunal de Cuentas, Prendes ha recordado que el Gobierno asturiano "tiene la obligación de defender el dinero público" y ha dicho que el Ejecutivo regional no puede "esconderse" tras un procedimiento judicial para no cuantificar y exigir el quebranto patrimonial que se ha producido, principalmente en la Consejería de Educación con el 'caso Marea'.

"Han pasado cuatro años y no sabemos aún la cuantía de lo defraudado", ha lamentado Prendes, que ha exigido que se pongan en marcha todos los procedimientos de fiscalización y exigencia de responsabilidades.

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