El portavoz andalucista del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Alberto Mercado, ha insistido este jueves en que la causa judicial relativa a la contratación del actual edil del PP Juan Campos durante el pasado mandato "está haciendo que se vivan momentos de tensión con numerosos funcionarios municipales, personal laboral y técnicos municipales, que han comparecido ante los juzgados a decir la verdad de lo que saben sobre la inexistencia de los informes facturados" y cobrados por Campos pero elaborados supuestamente años después precisamente para justificar los cobros.

Mientras el Juzgado de Instrucción número ocho ha elevado al Tribunal Supremo la causa dada la condición de aforado de la que goza el alcalde, José Luis Sanz (PP), como senador por Andalucía, Mercado avisa de que algunos de los funcionarios "ya han denunciado en sede judicial que están sufriendo la presión de algunos responsables políticos del gobierno del PP de Tomares, con actitudes como retirar retribuciones, que venían percibiendo con regularidad, de las nóminas, o con aperturas de expedientes disciplinarios".

Para el andalucista, "en democracia estos hechos deben ser denunciados, como bien están haciendo ante la juez que instruye el caso, y condenados por los que creemos en la Justicia, la democracia y la libertad. ¿Qué tipo de sociedad y de credibilidad en la política se pretende dejar con actitudes caciquiles como las que se están declarando ante los juzgados?".

Por ello, el PA ha presentado para su debate en el pleno ordinario que debe celebrarse el martes de la semana que viene, una moción en la que se promulga que "es fundamental que los que creemos en la democracia, en la justicia y la libertad, reconozcamos desde el pleno, que es quien representa al pueblo de Tomares, a aquellos trabajadores de los que nos sentimos profundamente orgullosos por su dedicación diaria a que nuestro municipio sea un mejor sitio donde vivir, por no dejarse amedrentar por quienes pretenden que no digan verdad en sede judicial, y asientan valores muy importantes que ennoblecen la actividad prestada al servicio de las administraciones públicas, en el compromiso de volver a reconocer todos aquellos derechos económicos (con efectos retroactivos) tan pronto como una nueva mayoría posibilite un cambio en las actitudes dictatoriales en el Ayuntamiento de Tomares".

Asimismo, asegura Mercado, que "el Ayuntamiento ha procedido a retirar los servidores informáticos que tenía para instalar unos nuevos. Mucha de la información que será necesaria para dilucidar cuestiones que afectan a los asuntos judiciales de nuestro Ayuntamiento podría alojarse en estos servidores. Por ello pedimos que se entreguen los ordenadores a la Fiscalía de Sevilla antes de borrar toda la información y destruyan las pruebas como hicieron en el caso de las facturas falsas".

Por último se lamenta el portavoz andalucista de que "los dirigentes del PP en Andalucía consientan que los imputados y el preimputado VIP —en referencia a José Luis Sanz— continúen gestionando dinero público a pesar de todas las evidencias existentes. Hemos exigido sin éxito que aparten a Sanz como senador para que se pueda someter, al igual que cualquier alcalde del Estado español, a la Justicia del pueblo, pero parece que prefieren que sea juzgado por el Tribunal de la casta política, de los senadores y aforados".