El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Manuel Medina Guerrero, ha elaborado el informe 'El impacto de la disciplina fiscal europea en el funcionamiento interno de los Estados descentralizados', en el que concluye la disciplina fiscal del Estado Español a las comunidades es "la más estricta de la Unión Europea (UE)".

El informe, publicado por el Centro de Estudios Andaluces, analiza la disciplina fiscal impuesta por la Unión Europea, las medidas que se han tomado en España con la reforma del artículo 135 de la Constitución y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 02/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El estudio concluye que el balance de la Ley y de sus reformas revela que "el Gobierno central se ha erigido en protagonista absoluto en su beneficio del reparto del déficit en perjuicio de las Comunidades Autónomas y de su autonomía financiera". Estas medidas, según el informe, son "las más estrictas de las llevadas a cabo en los países descentralizados de la Unión Europea y extienden la posición jerárquica del Estado sobre las CCAA a ámbitos no cubiertos expresamente por la reforma del artículo 135 de la Constitución".

Para Manuel Medina, en el caso español el legislador se ha inclinado por acometer "una regulación minuciosa de la materia", circunstancia que contrasta con el caso de Alemania —que en principio se tomó como punto de referencia para España— donde la reforma constitucional deja un amplio margen al legislador de los Länder para decidir cómo frenar el endeudamiento. En el caso español, según recoge el trabajo, las Comunidades Autónomas "apenas disponen de margen de maniobra para determinar cómo cumplir con sus límites presupuestarios".

El informe analiza las distintas medidas preventivas, correctivas y coercitivas con las que cuenta el Estado español, lo que, a juicio del catedrático, refleja "una sólida posición del Estado que se proyecta asimismo en la fase de supervisión y control del cumplimiento de la disciplina fiscal por parte de las Comunidades que no encuentra parangón en ningún otro país descentralizado de la zona euro".

En definitiva, el experto en Derecho Constitucional señala en su argumentación que a fin de asegurar el cumplimiento de la disciplina presupuestaria en todas las líneas de la Administración, la Ley Orgánica ha provisto al Estado de la capacidad decisoria para repartir los objetivos de déficit y deuda entre todos los niveles de gobierno, así como de importantes atribuciones supervisoras y sancionadoras para restituir la disciplina en caso de incumplimiento de tales objetivos.

Dicho reparto se materializa en los objetivos de déficit marcados en los próximos tres años: para el 2014, del 5,8 por ciento del PIB de déficit permitido al total de las Administraciones Públicas, corresponde el 3,7 por ciento a la Administración central, el 1,1 por ciento a la Seguridad Social, el uno por ciento a las comunidades y déficit cero para los Entes locales.

Por su parte, el 4,2 por ciento del PIB de déficit autorizado a España por la Unión Europea para el año 2015 se distribuye del siguiente modo: 2,9 por ciento para la Administración central, 0,6 por ciento para la Seguridad Social y el 0,7 por ciento para las comunidades. Y el reparto del déficit del 2,8 por ciento del PIB previsto para el ejercicio 2016 arroja los siguientes resultados: 2,1 por ciento para la Administración central, 0,5 por ciento para la Seguridad Social y el restante 0,2 por ciento para las comunidades.

Además, el estudio destaca que la LO 2/2012 va más allá y "no ciñe su regulación a los límites de déficit y deuda pública derivados de la normativa europea" al extender la posición jerárquica del Estado sobre las CCAA a ámbitos no cubiertos por la reforma del art. 135 de la Constitución.

Según el criterio del catedrático de la Universidad de Sevilla, es lo que sucede con los mecanismos adicionales de financiación de las comunidades, como el Plan de Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y con la ampliación del sistema de disciplina fiscal a la deuda comercial.

Nuevo modelo de financiación

Para finalizar, el informe elaborado por Manuel Medina propone avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómico que debe ser más respetuoso con la igualdad entre las Comunidades Autónomas y en la igualdad a su vez respecto al Estado.

Para ello, señala que hay que terminar con el desequilibrado ajuste financiero vertical que provoca el hecho de que las comunidades asumen las competencias en políticas sociales que son las que más gastos generan —Sanidad y Educación, fundamentalmente— además de terminar con la deficiente articulación del principio de equidad horizontal lo que supone el gran reto de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Seminario sobre disciplina fiscal

Este documento será el punto de partida del seminario 'El Estado Autonómico en tiempos de disciplina fiscal', que organizan el próximo 26 de mayo el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Manuel Giménez Abad enmarcado en la actividad del Foro Permanente sobre el Estado Autonómico.

Este encuentro, que se celebra en la Casa de la Provincia de Sevilla, reunirá a expertos en Derecho Constitucional y en Economía con el objetivo de abordar los problemas que ha planteado a los estados políticamente descentralizados las políticas económicas de la Unión Europea.

En este encuentro académico se analizarán, entre otras cuestiones, las experiencias de Alemania e Italia, dos países descentralizados de la zona euro con los que España tiene mayor afinidad, de la mano de especialistas de instituciones como el Ministerio de la Presidencia, el Tribunal Constitucional, la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada-Fedea así como de universidades como la Bologna, la Autonóma de Madrid, Rey Juan Carlos, Málaga y Sevilla.

Otra de las temáticas que abordará el seminario será la evaluación de los dos años de vigencia de la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y en qué medida se ha abordado con éxito el control del déficit presupuestario en el Estado Autonómico. Cómo se puede alcanzar un mayor equilibrio en el ajuste financiero vertical, qué criterios han de inspirar un nuevo modelo más respetuoso con el principio de equidad horizontal o la eventualidad de que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se convierta en un mecanismo estable del sistema, constituyen algunos de los interrogantes que serán examinados a lo largo del Seminario.

El encuentro será inaugurado por la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos, y el secretario general de la Fundación Giménez Abad y letrado del Parlamento de Aragón, José Tudela Aranda. A continuación, se celebrarán dos mesas de debate bajo los títulos 'El impacto de la disciplina fiscal europea en el funcionamiento de los estados políticamente descentralizados', moderada por el catedrático de Derecho Constitucional, Manuel Medina; y 'El problema de la financiación territorial en un contexto de consolidación fiscal', con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Jesús Salvador Gómez Sala, como moderador.

Participarán como ponentes, Tommaso Giupponi y Francesca Minni, del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Bologna; Mario Kölling, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia; Tomás de la Quadra Jannini, del Tribunal Constitucional y la Universidad Autónoma de Madrid; Encarnación Murillo García, de la Universidad Rey Juan Carlos; Rosario Gómez García, directora general de Financiación, Tributos y Juegos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, entre otros.