El Partido Popular de Alcalá de Guadaíra ha pedido al alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, que regularice "de una vez por todas" la plantilla municipal "B" que "se encuentra en fraude de ley", tras la resolución dictada por el Tribunal Superior de justicia de Andalucía ante una denuncia interpuesta por el sindicatos de funcionarios CSIF, contra los presupuestos de 2012 en el apartado de personal.

Según los 'populares', la resolución judicial "viene a reconocer dos cuestiones muy graves como que hay trabajadores en nómina municipal, que están ocupando plazas reservadas para funcionarios y que han ocupado la misma sin respetar los principios básicos legales de Igualdad, Mérito y Capacidad". ·Es decir, añaden, "son contratos que actualmente se encuentran en fraude de ley".

En segundo lugar, subraya el PP, "existe personal municipal cuyo puesto de trabajo no se reconoce expresamente en los presupuestos, por lo que su coste se repercute a partidas que nada tienen que ver con la actividad que desarrolla el trabajador".

"El PP realizó una serie de enmiendas a estos mismos presupuestos (2012) y fueron obviadas por el Gobierno socialista que logró aprobarlos, por encima de las objeciones, ya que por entonces contaba con mayoría absoluta".

Los 'populares', finalmente también denunciaron estos presupuestos por la vía judicial, al entender que "no se acogían a derecho en varias de sus partidas". Así, desde el grupo municipal popular, han constatado que "desde el tribunal ya se ha reclamado documentación al Ayuntamiento en relación a su denuncia, por lo que esperamos una resolución en breve".

Perjudicial para todos

Desde el PP han exigido al Gobierno local que "regularice esta situación porque no hace más que perjudicar a todo el mundo; perjudica a los trabajadores que sin saberlo se encuentran en situaciones comprometidas como es el hecho de no tener contratos legales, y también perjudica a aquellas personas que quieran optar al empleo público siguiendo los procedimientos legalmente establecidos".

Para los 'populares', el fondo de la cuestión no es ni más ni menos que "tener una doble plantilla pública". Por una parte, "pudiéramos decir que una legal; la de los funcionarios y trabajadores cuyos contratos cumplen con la legislación, y por otro lado, una plantilla "B", cuyo número ronda los 116 puestos de trabajo en situación de fraude".

La presidenta del PP de Alcalá de Guadaíra, María del Carmen Rodríguez, Hornillo sostiene que "el incumplimiento sistemático del Gobierno en materia de empleo público sólo induce a pensar en un uso interesado por parte del alcalde de los puestos de trabajo".

El PP ha pedido al Ejecutivo de Gutiérrez Limones que "regularice esta situación y comience con el procedimiento de legalización de estos puestos de trabajo, primero vinculando al trabajador actual al puesto que ocupa y posteriormente, convocando la oferta pública de empleo "para que todos tengan la posibilidad de participar".

En este sentido, los 'populares' le han recordado al Gobierno local cuando el pasado noviembre "anunció a bombo y platillo la inminente convocatoria de empleo público, una convocatoria que ya el PP advirtió que era una treta más del alcalde para vender humo y que no consiguió otra cosa que engañar a los ciudadanos y jugar con sus esperanzas".