MÉS ha asegurado este jueves que la Conselleria de Familia y Servicios Sociales va a quitar a una entidad la gestión del servicio de promoción de la autonomía personal y de apoyo a personas discapacitadas para convocar un concurso y privatizarla.

En un comunicado, la diputada econacionalista, Fina Santiago, ha criticado que el Govern haya presentado como una aportación a los servicios sociales la modificación de la ley de servicios sociales y que este jueves se haya publicado el concurso para la gestión del servicio.

Hasta ahora, ha explicado, este servicio estaba gestionado por la Federación de personas con discapacidad física, con "buenos resultados". El servicio tiene 22 trabajadores y atiende entre 1.500 y 1.800 usuarios cada año.

De esta manera, a partir de ahora, a la hora de sacar esta gestión a concurso, y en cumplimiento de la ley de contratos de la administración pública, se valorará más la oferta económica que la experiencia y el proyecto técnico, algo que, ha remarcado MÉS, "pondrá el criterio economicista por ante la calidad del servicio".

Los econacionalistas han lamentado también la reducción de presupuesto, puesto que de los 600.000 euros del convenio inicial se pasa a 166.005,50 euros anuales.

Estos servicios se pusieron en marcha con el Pacte de Progrés a través de un convenio entre la Conselleria de Asuntos Sociales y la Federación. Los resultados han sido "muy buenos", como bien ha reconocido en varias ocasiones la actual consellera, Sandra Fernández, en el Parlament.

Santiago ha considerado que ésta "era una buena ocasión para implicarse con el tercer sector, y, en cambio, el PP ha facilitado que el tercer sector tenga que concursar compitiendo con empresas privadas".

Así pues, la econacionalista ha pedido a la Conselleria "que retire el concurso y que, en base a la modificación de la ley de servicios sociales, concierte con el tercer sector para mantener este servicio. En caso contrario, ha advertido, habría un retroceso en la gestión, "porque un servicio ya prestado por el tercer sector puede pasar a ser gestionado con una empresa privada con ánimo de lucro".

El servicio se inició en el centro Joan Crespí en agosto de 2009 cuando se trasladaron las oficinas del centro base de valoración de discapacitados y se puso en marcha el servicio de promoción de la autonomía personal y apoyo a la vida independiente a personas con discapacidad físicas y o psicofísicas.

Según ha recordado MÉS, este centro fue objeto de polémica porque fue inaugurado de manera "ficticia" con presencia de la Reina doña Sofía en marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones autonómicas, cuando todavía faltaba por acabar el interior de tres plantas.