El Decanato de los juzgados de Sevilla ha habilitado este miércoles una sala a fin de almacenar y custodiar la documentación que la Guardia Civil ha recabado de la Junta de Andalucía dentro de la causa en la que la juez Mercedes Alaya investiga las ayudas a la formación y, en concreto, las subvenciones que por valor de 49 millones de euros recibió entre los años 2009 y 2010 la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos de formación a parados.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, a petición de la propia magistrada, el Decanato ha habilitado una sala a fin de guardar en la misma la documentación requerida, que se espera que comience a llegar al Juzgado a lo largo de la tarde de este miércoles.

Finalmente, y "de forma provisional", se ha habilitado como sala el despacho que en su día ocupó Iván Escalera, el juez que reforzó y sustituyó durante varios meses a la propia Mercedes Alaya durante su baja médica por enfermedad.

La guardia civil se persona en la dirección general de formación

Precisamente, en la mañana de este miércoles se han personado agentes de la Guardia Civil en la sede de la Dirección General de Formación para reclamar una serie de expedientes de ayudas a la formación.

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado a Europa Press que el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, ha recibido a los guardias civiles y les ha entregado la documentación que tenía preparada sobre los expedientes relativos a ayudas a la formación.

Asimismo, los agentes han efectuado una petición de información adicional, de forma que la dirección general deberá recopilar los datos para entregárselos posteriormente a la mayor brevedad posible.

La guardia civil comienza a tomar declaraciones

En relación a esto, la Guardia Civil ha llamado a declarar este miércoles a algunos funcionarios de dicha Dirección General de Formación y a personal de la Faffe a raíz de la aportación de documentación relativa a expedientes sobre ayudas a la formación, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.

Estas mismas fuentes consultadas por Europa Press han indicado que entre la documentación entregada a la Guardia Civil figuran expedientes sobre ayudas a UGT y CCOO entre los años 2007 y 2013.

La juez Mercedes Alaya suma ocho 'macrocausas', como son, además de la relativa a la Faffe, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares; el delito societario y la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla; la denominada operación 'Madeja'; el presunto delito societario cometido por el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera; la investigación sobre las ayudas concedidas por IDEA, y los cursos de formación organizados por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas

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