Manuel C.S., acusado de llevarse 332.000 euros de la cooperativa Leiteira Pico Sacro, donde trabajó desde 1998 hasta agosto de 2009, ha negado llevarse dinero y ha afirmado que atendía a las "indicaciones" del gerente, Manuel G.R., y el contable, Manuel V.S, a los que ha identificado, en la práctica, como sus superiores.

En el juicio que se celebra desde este miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña —después de un aplazamiento el pasado 26 de marzo por aportarse nueva documentación—, el acusado ha negado conocer la clave de acceso al programa de contabilidad, a preguntas del fiscal Jorge Fernández de Aránguiz, que pide ocho años y tres meses de prisión por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y un supuesto delito societario.

Esta primera jornada del proceso, que se prolongará hasta el viernes, también han comparecido dos peritos y la primera de ellas, María Begoña Ordóñez Castro, quien elaboró un informe para la empresa en 2011 al detectarse irregularidades en los cobros, ha dicho, en contra del acusado, que este sí conocía la clave de acceso del programa de contabilidad.

El fiscal sostiene que Manuel C.S., "aprovechando que ejercía las funciones de gerente de la cooperativa, manipulando las cuentas", se apropió de la citada cantidad. Sin embargo, el trabajador, según ha subrayado este miércoles su abogado, carece de titulación contable y desarrolló sus labores desde el primer momento con un único contrato "de peón y peón de primera".

De acuerdo con el relato del propio acusado, la cooperativa contaba durante su periodo en ella con tres centros de trabajo, uno en Sergude —de piensos—, otro en Lestedo —de semillas, abonos, medicamentos; recogida de leche y donde se centralizaba la parte administrativa— y un tercero en Vedra desde 2004 —de venta de abonos, semillas, fitosanitarios y compra de productos de huerta—.

Manuel C.S., según sus palabras, "pasaba por los tres" pero "el 70% del tiempo" lo pasaba en Sergude. La plantilla de Pico Sacro, ha dicho, rondaba los 10 empleados, aunque en temporada alta este número subía entre seis y ocho personas.

Las funciones de este trabajador acusado de apropiarse más de 330.000 euros eran diversas, pues ha respondido afirmativamente a cuestiones como si realizaba pedidos, vendía productos, emitía facturas y las cobraba. Pero "nunca" hizo de gerente ni fue encargado, según ha señalado, a pesar de que en algunos documentos como un acta de inspección aparezca como tal —como gerente— y en su nómina, desde 2007, figure como encargado debido a requisitos de la implantación de un manual en la cooperativa, según ha alegado.

Diferencias en la contabilidad

Los dos últimos tipos de operaciones, de emisión y cobro de facturas, han centrado buena parte del interrogatorio, tanto del Ministerio Fiscal como del letrado de la acusación y de la defensa. En concreto, han querido conocer "diferencias" detectadas entre lo escrito en el libro de caja y la contabilidad de la cooperativa y otras en lo relativo al importe de facturas emitidas y cobradas a los clientes.

Al respecto de lo primero, el acusado ha expuesto que primero elaboraba un "borrador" de libro de caja que más tarde redactaba de nuevo en base a "indicaciones" de Manuel G.R. —el gerente durante la mayor parte de su tiempo en la cooperativa— y Manuel V.S. —el contable, un profesional independiente que, no obstante a cobrar "por horas", según ha dicho, trabajaba para Pico Sacro de forma habitual—. El motivo por el que después de esta trascripción las cifras no eran las mismas era porque con parte de lo obtenido "se hacían pagos a proveedores", según ha indicado.

En cuanto a diferentes importes en las facturas, el acusado ha asegurado que "es imposible modificar una factura" en los ámbitos en los que él se movía por tener acceso a los mismos. Por contra, la perito, que sostuvo en su informe de 2011 que había "unas entradas y unas salidas que no están reflejadas en contabilidad", ha resaltado este miércoles que "una vez que se vuelca —la información de las facturas en el programa de contabilidad— ya no se puede modificar", pero sí "se puede cambiar" en el programa de gestión. Ambos programas, según ha afirmado, los utilizaba el acusado.

Frente a esto, la defensa de Manuel C.S. ha recurrido al informe aportado el pasado marzo —que motivó el aplazamiento del juicio hasta esta semana— para tratar de evidenciar que hubo "una chapuza contable pero no falta dinero" en lo que a la labor de su cliente se refiere.

Lo ha hecho a través de una de las tres facturas dobles señaladas por el fiscal, con las que en la empresa constaban como cobrados 90,96 euros al cliente pero, para él, la factura ascendía a 1.087,75 euros. El abogado del acusado ha visto una explicación a este "problemilla" de las facturas en la posibilidad de que se hubiese efectuado una operación por tarjeta, al apuntar a una por valor de 1.185 euros, que debería haber ido "directamente" a la cuenta de la empresa.

"nunca" se quedó parte del dinero

El fiscal ha inquirido sobre si "se quedó parte" del dinero que, en ocasiones, retiraba en efectivo de la caja para llevar al banco, "siempre siguiendo las indicaciones" que se le daban, según el acusado, Manuel C.S, quien ha respondido con un tajante "nunca".

También ha asegurado que "nunca" se quedó "parte" del cobro en efectivo que ejecutaba cuando el límite del pago de tarjeta de los clientes impedía efectuarlo por completo mediante operación electrónica ('TPV').

"perjudicar o engañar a los socios"

Según su exposición, dejó la cooperativa en 2009 por "profundas diferencias con la dirección de la empresa". "No estaba dispuesto a hacer lo que me estaban ordenando", ha destacado, para detallar que "la actividad diaria" suponía "perjudicar" o "engañar" a los socios y sufría "amenazas todos los días".

Así, a la pregunta de si cree que fue Manuel G.R. quien se ha llevado el dinero "que falta", el acusado ha respondido que "sabrá él dónde está", pues "conoce perfectamente la realidad de lo que era la empresa" y, si cometió "errores", lo "sabe". "Jamás hicieron un solo comentario de que faltaba dinero", ha apuntado en otro momento del interrogatorio, a preguntas del abogado de la acusación.

"desvío de dinero" a otra cooperativa

Asimismo, ha matizado que la palabra "desvío" de dinero de Pico Sacro a Val do Ulla-Vedra —el tercero de los centros, con el que asegura que "se fusiona" la primera en 2004—, que empleó en una fase de investigación previa al juicio, no es "la más afortunada". "Desconozco el proceso de fusión. Cerraron la puerta —en Val do Ulla-Vedra— en 2009", ha agregado.

Sobre el incremento de sueldo líquido que experimentó entre 2008 y 2009, de unos 1.290 a 1.500 euros, el acusado ha indicado que desconoce el motivo pero que la plantilla no tenía "ni dietas ni kilometraje" y "el horario era de sol a sol", así que ha supuesto "que correspondía a algo de eso". De hecho, su letrado ha subrayado que el salario base "siempre fue el mismo" y rondaba los 800 euros, mientras el resto de lo percibido tenía que ver con conceptos como antigüedad, asistencia y productividad.

El juicio prosigue este jueves con la presencia de 12 testigos llamados por el Ministerio Fiscal y la acusación. El viernes será el turno de otros ocho por la parte de la defensa.

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