La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha sido sancionada con 600 euros por la Junta Electoral de Zona al hacer públicas unas inversiones de peatonalizaciones da calles en la ciudad en periodo de campaña, al entender que se hicieron con fines electoralistas.

Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa la concejala socialista Begoña Fernández, quien ha explicado que la sanción fue impuesta a raíz de una denuncia del PSOE. De hecho, se han denunciado otros dos actos, uno que ha sido desestimado -la presentación del nuevo sistema de gestión de los atestados— y otro que está pendiente de resolver por la Junta Electoral, que se refiere a la Agencia de Activación Juvenil.

En el caso actual, la Junta Electoral considera que el anuncio de inversiones es sancionable por haberse realizado en campaña electoral y no apreciarse "una urgencia", ya que no se iniciarán antes del otoño las obras, además de ser una noticia sin conexión con la realidad ni con el debate público, sino que fue "generada" por el propio Ayuntamiento por lo que opina que se hace con el fin de influir en el resultado electoral. También se argumenta que se remarca lo positivo del proyecto, sin mencionar lo negativo, como pueda ser la afectación en el tráfico que tendrán las obras y que podría ser de interés para los ciudadanos.

Por este motivo, dictamina que es una "clara" vulneración de la normativa electoral y el insta a no repetir este tipo de actuaciones en el futuro. La edil ha aclarado que no se prohíben las reuniones ni trabajo ordinario de los miembros del Gobierno en periodo electoral, pero sí actos que atenten contra los principios "de objetividad y transparencia", por lo que no se pueden hacer referencias a los logros del partido que gobierna ni tampoco promesas de inversiones o políticas futuras.

Fernández ha recalcado que la sanción se le impone personalmente a la alcaldesa y no al Gobierno Local, a lo que ha agregado que no se le pone la multa mínima, que serían 300 euros, sino 600. Algo que ha atribuido a que Moriyón ya fue apercibida por la Junta Electoral las pasadas elecciones autonómicas de marzo de 2012 por haber comprometido inversiones a diferentes asociaciones también en periodo de campaña. La sanción en estos casos va de 300 a 3.000 euros.

Asimismo, ha recriminado a la alcaldesa que utilice "malos modos" y ha incidido en que esta debería haber sido "prudente", sobre todo porque forma parte de la candidatura electoral a los comicios europeos de Foro. "Debería haber extremado en sus comunicaciones como alcaldesa su respeto en la Ley", ha apuntado, para después añadir que a la regidora gijonesa "no le gusta respetar la Ley, le gusta bordearla".

Unido a ello, ha llamado la atención sobre que en el contrato adjudicado para el diseño del Plan Estratégico vinculado al Plan General de Ordenación (PGO), por importe de 180.000 euros, se incluye una campaña de comunicación del mismo que va a coincidir con el periodo electoral de los comicios autonómicos y locales de 2015. Fernández ha hecho hincapié en que con ello se da a conocer actuaciones de futuro en la ciudad y, por tanto, lo denunciarán también si se hace en periodo electoral cuando sea el momento.

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