Corrección de los agravios comparativos que para el sector agrario riojano contiene la nueva PAC, potenciación del modelo social y profesional de agricultura, políticas de regulación de mercados, equivalencia normativa para productos europeos e importados y creación de cadenas agroalimentarias de valor compartido, están entre las líneas de actuación que reclama la UAGR de cara a las elecciones europeas.

Según dice el sindicato agrario en un comunicado, "durante la última legislatura del Parlamento Europeo el sector agrario ha sufrido decisiones tan lesivas para los agricultores y ganaderos profesionales como la reforma de la PAC".

Por ello, ante las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, la UAGR propone a las diferentes candidaturas "que se comprometan a una nueva orientación de las políticas agrarias, de forma que potencien el modelo social y profesional de agricultura, y corrijan los errores que contiene la PAC aprobada".

En concreto, la central agraria cree que "es urgente corregir los agravios que la PAC contiene para el sector agrario riojano, fundamentalmente para los productores de fruta y hortaliza, porque la mayoría de los agricultores riojanos no pertenece a una Organización de Productores, por lo que se quedan fuera de cualquier tipo de ayudas".

La Unión también recuerda a los candidatos "el agravio comparativo que sufren los agricultores riojanos que cultivan frutas, hortalizas y viñedo, que no tendrán Derechos de Pago Básico, mientras que sí lo cobrarán los de otras Comunidades Autónomas".

Además de lo anterior, la UAGR "se suma al decálogo que propone COAG a los principales grupos políticos que concurren a las elecciones europeas", y que se resume en que el sector agrario "es un sector estratégico"; la necesidad de "una PAC fuerte basada en el modelo social de agricultura y la soberanía alimentaria"; la "imprescindible" gestión y regulación de los mercados; la reducción de costes y de la dependencia exterior; la agricultura y la alimentación no son "monedas de cambio".

Igualmente, contempla "mismas normas para productos europeos e importados"; regulación pública del funcionamiento de la cadena agroalimentaria; la innovación al servicio del modelo social de agricultura; garantía de seguridad alimentaria; y sostenibilidad ambiental y social.