La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, ha inadmitido a trámite la querella interpuesta la semana pasada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach contra el dueño de la promotora Cesgarden a raíz de un presunto fraude de 30 millones de euros en perjuicio del Consell de Menorca.

La jueza, sin embargo, considera en su auto que los hechos denunciados por el Ministerio Público, que los tipificaba como un delito de estafa procesal, no son constitutivos de infracción penal alguna. Contra esta resolución judicial, notificada este martes, cabe recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares-.

En su querella, el fiscal señalaba que el fraude se habría cometido después de que el Tribunal Supremo obligase al Consell a indemnizar a Cesgarden con 16 millones de euros (que ascenderían a 30 con los intereses) a raíz de la pérdida de edificabilidad en el solar de Can Bou -ubicado en el término menorquín de Alaior- como consecuencia de la entrada en vigor del Plan Territorial Insular en 2003.