El exconsejero de Gobernación de la Generalitat y exmilitante de ERC Jordi Ausàs se sienta en el banquillo desde este martes acusado de contrabando de tabaco desde Andorra. Se enfrenta a cinco años y nueve meses de cárcel por tráfico de tabaco, y ocho meses más por participar en grupo criminal, así como 2,25 millones de multa.

A escasos días del juicio, el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, aseguró a Europa Press que no hay ninguna conversación entre Fiscalía y los abogados para buscar un pacto de conformidad que conllevaría rebajar la petición del fiscal que lleva el caso a cambio de admitir los hechos que se le imputan.

Tampoco lo ha hecho durante la vista. Ausàs ha evitado contestar las preguntas del fiscal y sólo ha respondido a las de su abogado, que al preguntarle si reconoce los hechos, ha contestado: "No, en absoluto". Esta es la única pregunta sobre tabaco que le ha hecho su abogado, en cuyo interrogatorio Ausàs ha explicado que parte del dinero que la policía encontró en su casa estaba en el cajón de la habitación de su suegra e, incluso, en las huchas de sus hijos.

El juicio ha comenzado este martes en la Audiencia de Lleida con la declaración de los acusados, el visionado de videos y la audición de escuchas telefónicas, según han informado fuentes judiciales. La vista continuará el miércoles con los testigos y finalizará el viernes con los informes finales.

En el banquillo de los acusados hay otros doce procesados, entre ellos, su esposa, imputada por ser propietaria de uno de los coches utilizados presuntamente por el exconseller en el traslado del tabaco. Ambos han llegado sobre las 9.30 horas a la Audiencia de Lleida en medio de una gran expectación mediática.

La pena que pide el fiscal para Ausàs, también exalcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), es la misma que la que solicita para otro de los procesados, un brigada de la Guardia Civil, y para el resto de los acusados plantea entre ocho meses y cinco años de cárcel.

La Fiscalía apunta que Ausàs participó en una trama de contrabando desde el verano de 2010, "época en la que era consejero", ya que dejó el cargo en diciembre, después de las elecciones catalanas que ganó CiU.

Fue detenido por los Mossos d'Esquadra en colaboración con la Guardia Civil a mediados de julio de 2012, pasó dos días en la cárcel de Lleida y salió tras pagar una fianza de 145.000 euros. ERC suspendió cautelarmente su militancia y poco después él se dio de baja del partido.

"El acusado actuaba bajo la impunidad que le brindaba el haber sido alcalde y consejero, sabiendo que ni las patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local o los Mossos d'Esquadra le pararían a él o registrarían los vehículos en los que trasladaba el tabaco", señala el escrito de Fiscalía.

Según el escrito de acusación del fiscal del Juzgado de la Seu d'Urgell, los acusados formaban parte de una red de contrabando ilícito desde Andorra, y era el exconsejero quien trasladaba el tabaco en su automóvil y en uno de su esposa.