Los concejales del PP de Tomares (Sevilla) imputados en la investigación del contrato gracias al cual el actual concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo, el popular Juan Campos, trabajó para el Consistorio cuando aún no formaba parte de la Corporación local, recurrirán ante la Audiencia Provincial el auto del Juzgado de Instrucción número ocho que resuelve elevar el asunto al Tribunal Supremo a cuenta de la condición de aforado de la que goza el alcalde, el popular José Luis Sanz, como senador por Andalucía.

A través de un comunicado, los concejales, "desde el más escrupuloso respeto a las decisiones judiciales", consideran que el auto en cuestión "presenta graves irregularidades", por lo que solicitarán su "archivo". "No podemos compartir los argumentos vertidos en el auto, ya que la instrucción aplicada hasta el momento por el juzgado pone de manifiesto que el Ayuntamiento siempre ha actuado correctamente, ha respetado la legalidad, que las contrataciones se han ajustado a derecho y no se ha defraudado dinero alguno del erario público", esgrimen anunciando que "entendiendo que el auto presenta graves irregularidades", los ediles del PP presentarán "un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla".

Además, muestran su "más absoluta tranquilidad y plena confianza en la Justicia, porque quién no ha hecho nada ilegal, no tiene nada que temer", por lo que esperan que este asunto "se resuelva lo antes posible y se proceda al archivo definitivo".

Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del edil popular del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.

Los informes de juan campos

Las fuerzas de oposición denunciaban que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.

El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos. El Ayuntamiento, de su lado, defendía que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado.

Después, el juez instructor imputó además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.

Una vez que el pasado 27 de marzo Eloy Carmona prestó nuevamente declaración como imputado, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, a través de un auto de diez folios fechado el 30 de abril, ha resuelto inhibirse y elevar al Tribunal Supremo las actuaciones "dada la condición de aforado de José Luis Sanz" al ostentar un acta de senador por Andalucía, según ha informado a Europa Press el abogado que representa a los intereses de la concejal de IU-CA en esta causa. En el auto, según el letrado de IU-CA, el juzgado considera que "los informes que se presentaron y las imágenes se han confeccionado 'a posteriori' en algunos casos".