La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar como imputados este martes a cinco cargos o exaltos cargos que formaron parte entre 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA/IDEA, agencia pagadora de las ayudas investigadas.

De este modo, la magistrada Mercedes Alaya ha citado al exdirector general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete; al exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Jesús María Rodríguez, y al director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, Manuel López Casero.

Asimismo, la magistrada ha citado a declarar como imputados al director de Industria de la Consejería de Empleo, Jesús Nieto González, y al exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz.

Estas declaraciones se llevarán a cabo después de que este lunes hayan comparecido ante la magistrada el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, quienes se acogieron a su derecho a no declarar.

En relación a Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación y vicepresidente de IDEA entre 2005 y 2008, la juez dice que asistió a once sesiones del Consejo Rector "con el conocimiento que le otorgaba su cargo del sistema heredado de la Consejería de Empleo y con el apoyo explícito al mismo, no solo expresado a su director general, sino evidenciado en la conocida 'prórroga tácita del convenio' y sobre todo en la línea absoluta de continuidad con el referido sistema, pese a conocer de primera mano el importante déficit presupuestario existente".

Asimismo, y según la instructora, "llama la atención que desde que IDEA pasa a estar adscrita a la Consejería de Innovación se deja de dar cuenta al Consejo Rector, como era obligado, de los convenios suscritos por el director general para que el Consejo Rector realizara su labor de control", una "omisión" de la que este imputado "sería uno de los responsables".

Según Alaya, este imputado votó favorablemente a la ratificación o autorización de 18 convenios con la Dirección General de Trabajo en las once sesiones a las que asistió, a lo que se suma que "atendería el despacho habitual" con el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano "en relación a las ayudas a empresas que no excedieran de 450.759 euros".

Sobre el director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, Manuel López Casero, la instructora señala que asistió a 20 sesiones de las analizadas en las que se le dio cuenta de 68 convenios suscritos entre la Dirección de Trabajo e IFA para el otorgamiento y pago de las subvenciones que había comprometido la primera mediante el uso de las transferencias de financiación, "fondos que eran anticipados por IFA, generándose un importante déficit presupuestario" en la Consejería de Empleo.

Este imputado, además "no opuso reparo alguno a los convenios citados, votando favorablemente en siete sesiones a 25 convenios".

Asimismo, la juez relata que el director de Industria de la Consejería de Empleo, Jesús Nieto González, asistió a 17 sesiones del Consejo Rector en las que "se le dio cuenta sin oponer reparo alguno de la suscripción de 48 convenios y votó favorablemente a la firma de 25 convenios, nueve directamente y 16 al delegar su voto en el presidente", que era José Antonio Viera.

También está citado este martes el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz, quien "asistiría a 7 de las 21 sesiones celebradas por el Consejo Rector de IFA" entre 2001 y 2004, "delegando en tres ocasiones su representación y su voto en el presidente del Consejo", de manera que "votaría favorablemente a 22 convenios".

En relación al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, la juez asevera que "sería indiciariamente conocedor y responsable del falseamiento del presupuesto de IDEA" y asistiría a un Consejo Rector en el que propuso la ratificación de dos convenios de ayudas a empresas por importe cada una de ellas de 1,1 millones de euros "para pago en ambos casos de deudas con la Seguridad Social, cuando por el contrario para recibir tales subvenciones, de acuerdo con su normativa reguladora, el beneficiario tenía que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".

Además, y a partir del 24 de junio de 2008, "se encargaría con la directa supervisión del presidente y vicepresidente de IDEA de suscribir los convenios de ayudas sociolaborales y algunos de ayuda directa de cuantía inferior a 450.000 euros con la Dirección de Trabajo, y ello conociendo presuntamente la total ausencia de procedimiento de los expedientes de ayudas de la época" de Francisco Javier Guerrero a través de las reuniones que existieron entre la Dirección de Trabajo e IDEA.

"Pese a ello, continuaría ordenando el pago de tales subvenciones y participaría del mismo sistema o procedimiento específico hasta el final de su cargo", de manera que, "en total, y durante el tiempo que estuvo en el mismo, ordenaría el pago de subvenciones en virtud de 270 convenios y por un importe de 129 millones".