Los ayuntamientos que componían la disuelta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir esperan que antes de que acabe junio el Gobierno arbitre una serie de modificaciones normativas que permita que los consistorios puedan recibir préstamos y anticipos a largo plazo con vistas a pagar nóminas atrasadas de los trabajadores y deudas contraídas con los pequeños y medianos proveedores.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, se ha reunido con la comisión liquidadora y los ayuntamientos de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, donde ha subrayado el buen entendimiento entre las administraciones implicadas, esto es, Gobierno central, autonómico, diputaciones y ayuntamientos, para resolver "en el menor tiempo posible" la deuda de 42 millones de euros pendiente con trabajadores, proveedores y demás demandantes de impagos de la entidad.

La presidenta de la comisión liquidadora y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, ha explicado que de los 52 millones adeudados inicialmente, la Junta ya asumió diez millones de euros para el sellado del vertedero que daba servicio a Lebrija, Utrera, El Cuervo y las Cabezas, de manera que, según resalta Valderas "la Junta ha sido la primera administración que ha aportado recursos para salvar la situación".

De esta forma, la deuda actual de la extinta mancomunidad —formada por 11 ayuntamientos, siete de Sevilla, en concreto Los Palacios y Villafranca, El Cuervo, Lebrija, Las Cabezas, El Coronil, Los Molares y Utrera; y cuatro de Cádiz, esto es, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Chipiona y Trebujena— es de 42 millones, de los que 8,5 millones de euros es la deuda y las nóminas atrasadas con los trabajadores, otros 17 millones de euros es la deuda con proveedores, mientras que el resto es la deuda con la Seguridad Social y Hacienda o los reintegros a programas no ejecutados o no justificados adecuadamente, o deudas con las entidades bancarias.

Valderas considera que ahora es "urgente" conseguir el "oxígeno financiero" necesario para abordar la deuda a los trabajadores y a pequeños y medianos proveedores.

En este sentido, ha comentado que existe un buen entendimiento, una "entente cordial", entre los gobiernos central y autonómico para solucionar algunas modificaciones normativas que son necesarias y que permitirán facilitar, a través de las diputaciones, los anticipos necesarios para afrontar los pagos.

Asimismo, ha explicado que la Junta de Andalucía concederá a estos ayuntamientos, con carácter inmediato, anticipos reintegrables con cargo a su participación en los Ingresos del Estado (PIE) y en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), para que hagan frente al pago pendiente con trabajadores y proveedores y garantizar los servicios públicos y la estabilidad de estos municipios, hasta que se modifique la normativa estatal, según el compromiso del Gobierno.

Esta modificación de la normativa estatal les permitiría realizar operaciones de crédito a largo plazo para gastos corrientes —solo se podían conceder, hasta el momento créditos para inversiones—, con el aval de los tributos a través de las diputaciones, abonando las deudas contraídas en un plazo de 20 años y en las mejores condiciones "y sin poner en riesgo a los más de 270.000 ciudadanos que suponen estos 11 ayuntamientos ni arriesgar los servicios básicos que prestan esos ayuntamientos, ni el empleo público que suponen esos consistorios, con más de 4.000 trabajadores entre los 11 municipios".

Por su parte, la presidenta de la comisión liquidadora de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández Muñoz, ha agradecido a la Junta que esté al lado de los ayuntamientos y ha expresado que la liquidación es un "tema complejo, difícil y preocupante", pero ha justificado que "no había otra alternativa ante la situación financiera".

Ha recordado la reducción presupuestaria registrada en esta extinta entidad local y la "imposibilidad" de los ayuntamientos para financiar, de forma que "dada las circunstancias que cada consistorio tenía, no había otra alternativa que la disolución".

Fernández ha agregado que los 11 ayuntamientos asumen de manera solidaria las obligaciones con trabajadores y pequeños proveedores y ha agradecido la "sensibilidad" de Gobierno y Junta de Andalucía que !nos ayudarán a asumir los pagos prioritarios que tenemos, en cuanto a indemnizaciones, nóminas no pagadas y deudas contraídas con los que han prestado servicio en estos 20 años de mancomunidad".

Ha agregado que la mancomunidad poseía un total de 450 empleados, gran parte de ellos alumnos y perceptores de programas con fecha de finalización pero a los que se les debe las nóminas de los últimos meses. De esos, 60 eran empleados estables e indefinidos. No obstante, a esos 450 empleados se les adeudan indemnizaciones, becas y nóminas por 8,5 millones de euros.

Fernández ha informado de que el acuerdo de liquidación establece un plazo de 60 días para asumir los pagos prioritarios a trabajadores y proveedores que llevan más de 20 años trabajando en la comarca, y ha precisado que, gracias a los acuerdos que se están alcanzando con la Junta y el Ministerio, se podrá hacer frente a este compromiso con un anticipo de la PIE y la Patrica, mientras se modifica la normativa estatal y se les permita realizar operaciones de crédito a largo plazo.

Solución en 35 ó 40 DÍAS

En la reunión de este lunes estaban presentes los ayuntamientos afectados y miembros de las consejerías de Presidencia, Hacienda y el departamento de Administración Local de la Vicepresidencia, además de las diputaciones de Sevilla y Cádiz, y en la misma se ha trabajado en un plan de financiación para que los ayuntamientos tengan "oxígeno financiero" para poder abordar los compromisos con acreedores y trabajadores.

Valderas espera poder dar una respuesta antes de que finalice el mes de junio próximo, "en no más de 35 ó 40 días", para lo cual espera acuerdo entre las administraciones para "facilitar los créditos y préstamos y la financiación adecuada y necesaria que posibilite a los ayuntamientos ir abordando esa liquidación y superar los problemas".

El vicepresidente de la Junta insiste en que "son prioritarios los trabajadores y pequeños y medianos acreedores" y espera que ese "buen talante" entre Junta y Gobierno central y los ayuntamientos de la mancomunidad, "llegue a buen puerto en los próximos días".

Valderas ha explicado que la idea es incorporar en la Ley de Racionalización que actualmente se tramita y que está en el Senado se pueda incorporar esa modificación mediante la que se autorice a esos ayuntamientos la formalización de créditos a largo plazo para gastos corrientes, algo que esperan que se lleve a cabo antes del verano.