El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha firmado este lunes, 19 de mayo, el oficio de remisión en respuesta a la consulta realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre una serie de competencias que el consistorio consideraba que no le correspondían en aplicación de la nueva ley de Administración local, pero que le "son propias" y "las puede seguir prestando".

Así lo ha explicado Suárez en rueda de prensa, en la que ha comparecido para informar sobre la afección de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad a las competencias municipales en la Comunidad autónoma. En el caso de la capital aragonesa, ha precisado que las competencias consultadas hacen referencia a los ámbitos de servicios sociales, medio ambiente, consumo, salud, educación y empleo.

Ha añadido que le corresponde al consistorio zaragozano, en aplicación de la legislación sectorial del Estado y de la Comunidad autónoma, por lo que su Departamento no ha emitido el informe vinculante solicitado —sobre la sostenibilidad financiera y posibles duplicidades— porque no es necesario.

En este punto, ha enfatizado que Aragón cuenta con una ley de Administración local "muy amplia" que "nos da mucho juego", como también lo es, por ejemplo, la Ley de Servicios Sociales aragonesa. Igualmente, ha indicado que por ser competencias del Ayuntamiento la financiación de las mismas le corresponde al municipio.

No obstante, ha aclarado que esto "no modifica" la situación actual por la que el Gobierno de Aragón convenia con el Ayuntamiento para colaborar en la financiación de algunos servicios, posibilidad que, por otra parte, recoge la ley de administración local aragonesa, ha recalcado Suárez, y "no predetermina" tampoco la negociación que el consistorio establecerá en su momento con los correspondientes Departamentos del Gobierno.

Además, el consejero ha comentado que "puede haber alguna otra cosa que sea impropia sobre la que no ha requerido informe", pero no lo son las consultadas, para comentar que desde el Ejecutivo han mantenido un "respetuoso silencio" en esta cuestión para "intentar hacer las cosas bien" y por eso la respuesta ha sido "en plazo y forma".

Así, ha señalado que el Gobierno tenía tres meses para responder y lo ha hecho en dos, al informe que el 20 de marzo pasado le remitió el consistorio por una serie de competencias que estimaba impropias y cuyo coste cifró en algo 106,2 millones de euros.

INTERPRETACIÓN

El consejero de Política Territorial e Interior se ha referido, a preguntas de los medios de comunicación, sobre las críticas del vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, a la circular emitida por el Ejecutivo sobre la aplicación de la reforma local y ha considerado que "se debían medir las palabras" porque "somos la Administración que tenemos la tutela financiera y a la que nos corresponde interpretar la norma".

En este sentido, ha recalcado que esa circular sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad está "avalada" por la nota explicativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de forma que "no inventamos nada" y "cumplimos escrupulosamente la ley".

Según ha manifestado, su objetivo es "tratar de ayudar a los ayuntamientos" y ha sostenido que la circular se envió a todos los municipios por el "conducto ordinario" y está en la página web del Ejecutivo autonómico.

Suárez ha indicado que en los próximos días se contestará al resto de administraciones locales que han solicitado informes, que son la Comarca Andorra Sierra de Arcos y los ayuntamientos de Huesca, Andorra, Fraga, Utebo y Tarazona.

Igualmente, ha dicho que "si con el tiempo detectamos el ejercicio de alguna competencia que no es propia, ni delegada, se lo diríamos a los ayuntamientos correspondientes", si bien hasta el momento "no hemos visto ninguna".

Tipos de competencias

El consejero ha precisado que la nueva ley establece "el mínimo de competencias" que pueden tener las entidades locales en su artículo 25.2, como lo indica la nota del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se pueden complementar la con la legislación sectorial estatal o autonómica.

Además, ha relatado que las competencias de educación, sanidad y servicios sociales que no están en el artículo 25.2 y no sean propias por las normas sectoriales "quedarán referencias a la financiación autonómica y local", cuya reforma el Gobierno de España "se ha comprometido a acometer este año".

Esto supone que serán asumidas por la Comunidad en los términos que establezcan las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales por lo que habrá que esperar a que se dicten dichas normas para que dicha asunción competencial tenga efecto.

Asimismo, ha dicho que junto a las competencias propias se contemplan las delegadas, aquellas que una Administración delega en las entidades locales, y que "tienen que ir con cobertura financiera" a través de acuerdos, convenios o encomiendas directas.

En tercer lugar, ha continuado Suárez, hay competencias "que no son propias, ni delegadas" y para las que la ley establece la obligatoriedad de los citados informes vinculantes de sostenibilidad financiera y duplicidad.

Por otra parte, el consejero ha recordado que está en trámite en las Cortes de Aragón la futura ley aragonesa que distribuirá las competencias entre comarcas, diputaciones y ayuntamientos, que "será complementaria con la ley del Estado".

Garantizar los servicios

Suárez ha subrayado que la finalidad de la reforma estatal es "garantizar la prestación de todos los servicios públicos, con independencia de qué Administración sea la que los preste", bajo el principio de 'una competencia-una administración', para "tratar de ordenarlos", y hacerlo "ganando en eficacia y eficiencia", de forma que "no haya duplicación de gasto".

Además, ha matizado que desde la aprobación en diciembre de 2013 de la reforma "no se ha producido ningún caos" y los ciudadanos "han continuado recibiendo los servicios y seguirán".

Sobre los cambios que introduce, el consejero ha reconocido que el primera borrador de la reforma, de la primavera de 2012, "tiene muy poco parecido" con la norma aprobada gracias al proceso de aportaciones de todas las Comunidades autónomas, "importantes desde Aragón" y también de la Federación España de Municipios y Provincias.

Por su parte, la directora general de Administración Local, Paula Bardavío, ha explicado que entre las modificaciones de la nueva ley estatal se encuentra la desaparición de la cláusula universal de competencias, que permitía a los ayuntamientos asumir aquellas que iban "en beneficio de la comunidad vecinal".

Ahora, todas aquellas que no sean propias o delegadas deberán recibir el informe previo vinculante sobre la sostenibilidad financiera y no duplicidad, haciendo "un control previo" que antes no existía.