El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá también se ha acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, tal y como hicieron previamente el exconsejero del ramo Antonio Fernández; el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano.

En este sentido, fuentes del caso han informado a los periodistas de que, tras negarse a declarar ante la juez Mercedes Alaya, ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones ha solicitado medida cautelar alguna para el imputado, a quien la juez Mercedes Alaya ya impuso en su día una fianza de responsabilidad civil de 490.324.096,82 euros.

La juez Mercedes Alaya había citado a declarar al exviceconsejero del ramo "ante la ampliación de los hechos que le fueron imputados en su día por su actuación en el Consejo Rector" de la agencia IDEA y "por si quisiera añadir algún extremo" a este respecto.