El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (GICAL), ha dicho que no pueden estar "eternamente" con la polémica sobre la legalidad del hotel El Algarrobico y ha pedido que les digan "de una vez si hay que comprar cohetes para celebrar su apertura o explosivos para su demolición".

La actual situación del hotel, ubicado junto al mar en el parque natural de Cabo de Gata, "tiene que resolverse ya, porque se hace mucho daño con la publicidad negativa que genera, ya que se habla de pelotazo urbanístico, falta de control medioambiental, corrupción, etcétera, y no de las espléndidas playas del municipio".

El alcalde se ha quejado de que las obras del hotel llevan ocho años paralizadas "y tememos que tengamos que seguir otros ocho" y ha señalado que se comenzó a construir "con el beneplácito de todas las administraciones y si se tenía que haber paralizado si incumplía alguna norma, que se hubiera hecho al principio y no cuando el hotel está levantado".

Hernández recuerda que la Junta de Andalucía y el Gobierno central calcularon el coste de la demolición en 7,5 millones de euros, a los que habrá que añadir entre 30 y 40 millones en indemnizaciones, además de la restauración de la zona, lo que, a su juicio, supondría un montante cercano a los 50 millones de euros.

Este coste lo califica Hernández de "terrorífico, penoso y de juzgado de guardia, si lo tuviéramos que pagar los ciudadanos".

También recuerda que el hotel se financió en parte con fondos de la UE y que la Junta de Andalucía otorgó en 1995 una subvención de 76 millones de pesetas a la empresa Parque Club El Algarrobico, propietaria de los terrenos, para que los convirtieran al uso turístico.

"Los gobernantes servimos a los ciudadanos y no creo que el Ministerio o la Junta de Andalucía estén para tirar 50 millones de euros a la basura", ha dicho.

Por su parte, Enrique Ruiz, portavoz de Ecologistas en Acción de Almería, ha declarado que la demolición del hotel es su "punta de lanza para la lucha contra la corrupción política y especulación inmobiliaria, ya que fue un nido de corrupción y ese tipo de construcciones no se pueden permitir en nuestro litoral".

"Además, no deja empleo ni rentabilidad económica, como se demuestra en zonas turísticas adyacentes y la situación judicial está muy complicada por una interpretación del TSJA en la que se dice que hotel es legal en contraposición con otras sentencias anteriores y creemos que es un precedente muy preocupante para futuras resoluciones judiciales", ha señalado.

El pasado mes de marzo el TSJA emitió una sentencia que declaraba urbanizable el terreno donde se ubica el hotel El Algarrobico, contradictoria con un fallo de 2012 de otra sala del mismo tribunal que consideró el suelo no urbanizable.

Greenpeace ha presentado un recurso contra la última sentencia, algo que también ha anunciado que hará la Junta de Andalucía.