Izquierda Unida (IU) ha abogado este jueves por la intervención pública de los servicios básicos —vivienda, alimentación, agua y energía— para así "democratizarlos para garantizar este derecho a los ciudadanos". Así lo ha asegurado la concejala de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Ana García Sempere, durante la presentación de un encuentro sobre suministros básicos.

Durante la reunión entre distintos colectivos, asociaciones y agentes sociales que ha tenido lugar en la capital malagueña, Sempere ha recordado que, aunque son competencias de los estados, la Unión Europea dicta las políticas que cada uno debe aplicar. "Hoy por hoy vemos cómo la Troika recomienda, en algunos casos incluso obliga a países como Portugal o Grecia, privatizar el agua como receta para salir de la crisis. Esto ha tenido a unas consecuencias gravísimas, con millones de personas sufriendo la pobreza energética en Europa".

La concejala de la coalición de izquierdas ha asegurado que más de tres millones de españoles no pueden afrontar la factura de los suministros básicos como el agua, la luz o el gas; y cuatro millones de personas no pueden calentar sus hogares "como corresponde". "En Málaga, 21.500 personas pidieron ayuda a Cruz Roja para afrontar los pagos de estos suministros", ha especificado, al tiempo que ha recordado que el derecho al suministro de agua está recogido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sobre este último elemento, el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), Luis Babiano, ha señalado que en los países de Centro-Europa "se está remunicipalizando el servicio. En su día vendieron estas empresas y han demostrado que cuando se privatiza el agua se excluye a determinados sectores de la población de su uso, es decir crean un problema de accesibilidad".

Babiano ha recordado que el agua es un derecho humano desde 2010, pero también ha especificado que "mientras que en el mundo la privatización del agua es un 10 por ciento y en Europa un 30 por ciento, en países como el nuestro tenemos un 53 por ciento privatizado. No por eficiencia o eficacia, sino porque a estos ayuntamientos se les permite usar el dinero de la privatización para enjuagar sus cuentas". El gerente ha asegurado que desde su asociación "pensamos que esta burbuja hídrica hay que pincharla. Y hay que tener un regulador que cumpla dos funciones, supervisar el sector para que se dé un servicio eficiente, y supervisar el servicio para que no haya exclusión social".

Por su parte, el especialista en consumo y miembro de la Dirección Provincial de IU, Álvaro Carreño, ha recordado que en los últimos 10 años los ciudadanos han soportado una subida del 90 por ciento en la factura de la luz a consecuencia del proceso de privatización del sector. "De un libre mercado que nos prometían con libre competencia y bajadas porque habría muchas empresas que nos iban a ofrecer precios más baratos, lo que estamos viendo es que todos los consumidores no tienen garantizado el suministro eléctrico y estamos cada vez pagando más por este derecho".

La coalición de izquierdas ha defendido el carácter social de estos suministros y que deben estar bajo la custodia de los estados. "Tenemos que luchar por garantizar el derecho a la electricidad, y el Estado tiene que tener un músculo. Con los ingresos que se producen en el sector eléctrico tenemos grandes dividendos repartidos entre distintas empresas energéticas. Esto podría destinarse a sufragar todos los servicios públicos y garantizarlos a los ciudadanos de la Unión Europea", han finalizado.