La concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Lucía García, ha hecho entrega este jueves a los grupos municipales de las 14 alegaciones presentadas a la Ordenanza de Fachadas acordada en Pleno a iniciativa del PSOE, para que sean estos quienes dictaminen cuáles se incluyen y cuáles no en el texto normativa. Con este trámite se reanuda el proceso que dará lugar a la aprobación definitiva de la Ordenanza en el Pleno.

Así lo ha señalado a los medios de comunicación la concejala del PSOE Begoña Fernández tras la Comisión de Urbanismo celebrada en este día. Fernández ha lamentado que el Gobierno Local no lidere la tramitación de esta Ordenanza y ha dicho sospechar que en cuanto se informen las alegaciones, es posible que Foro pida nuevos informes para dilatar el proceso.

A este respecto, ha explicado que los servicios técnicos municipales han indicado que las alegaciones no tienen un carácter jurídico sino político, ya que se trata de cuestiones que dependen de decisiones no contempladas en la Legislación, como pueda ser el fijar el número de años de antigüedad de los edificios o los objetos subvencionables.

Será entonces en una próxima Comisión de Urbanismo donde se decida si se incorporan, tras dar traslado de las mismas a los grupos políticos para su estudio. Tan solo en algunas alegaciones concretas se ha pedido consulta al Servicio Técnico de Urbanismo y al de Contratación.

La edil ha recordado que hace dos años que se acordó en el Pleno la tramitación de la Ordenanza, a lo que ha añadido que no le parece que el Gobierno Local esté asumiendo la resolución judicial por vulneración de derechos que dictaron en su día los tribunales, que obligaba a convocar una Sesión Plenaria para abordar este asunto.

Por otro lado, en cuanto a las ayudas al pago de la plusvalía en los casos de dación en pago, ha indicado que, según la edil de Urbanismo, se habían preparado unas bases pero se paralizó el proceso por la Ley de Reforma Local, en cuanto no se aclare el tema de las competencias y el Principado dicte la instrucción que retrasa su aplicación a 2015.

Sin embargo, la misma edil ha señalado en la Comisión que las ayudas al alquiler, también afectadas por esta normativa, se siguen concediendo al contar con autorización de la Intervención Municipal.

Fernández, por su parte, ha considerado extraño que la Intervención dé permiso en unos casos y no en otros, por lo que ha pedido utilizar el mismo criterio que en las ayudas de alquiler a todos los asuntos, en vez de tener servicios paralizados "caprichosamente".