La diputada y portavoz del PRC en materia de políticas sociales, Rosa Valdés, ha denunciado la "injustificable desidia" del Gobierno de Cantabria ante los malos tratos denunciados en la residencia de mayores Santa Ana, de Santoña.

Valdés ha hecho esta denuncia después de recibir una respuesta parlamentaria en la que, según asegura, el propio Ejecutivo "no sólo reconoce que no ha tomado medidas, ni fijado un plazo para solucionar las anomalías detectadas en el centro, sino que también admite que ha continuado realizando ingresos".

Valdés considera "inaudita" esta postura a la vista de la "gravedad" de las irregularidades denunciadas por una antigua trabajadora el pasado mes de enero y constatadas posteriormente en una inspección realizada por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), en la que "tanto algunos empleados como los residentes confirmaron la existencia de faltas de respeto hacia los ancianos ingresados por parte de algunos miembros del personal, algunas lesiones y carencias en la asistencia relacionadas con el aseo personal y los traslados al baño y al comedor".

Según el PRC, en su contestación a las preguntas formuladas por Valdés nada más conocer la situación del centro, el Gobierno "admite que no ha fijado ningún plazo concreto para solucionarla", aunque precisa que "es práctica habitual de la inspección realizar una labor de comprobación del cumplimiento aproximado de dos a tres meses".

Sin embargo, en este caso la denuncia fue presentada en enero y el informe de la Inspección está fechado en febrero, por lo que "han transcurrido ya los tres meses y a día de hoy todavía no se ha exigido la subsanación de las deficiencias", denuncia la parlamentaria del PRC en un comunicado de prensa.

No obstante, considera "aún más grave" que el Ejecutivo "afirme desconocer qué medidas correctoras ha tomado el centro" y "no dude en seguir realizando ingresos" y aumentando la ocupación de las plazas concertadas, que alcanza ya el 92 por ciento.

A su juicio, ese elevado porcentaje de plazas públicas aconseja "una actuación especialmente escrupulosa" por parte la Administración pública a la hora de exigir el cumplimiento estricto de las normas de funcionamiento y la corrección de cualquier anomalía.

Asimismo, Valdés cuestiona que, transcurridos cuatro años desde su apertura y con la práctica totalidad de las plazas ocupadas por el ICAAS, la residencia "no haya completado aún el proceso de acreditación exigido por la legislación vigente e incumpla los protocolos vigentes para centros de personas dependientes en relación con la higiene y la movilidad".