Representantes de los colegios de arquitectos de toda Andalucía han entregado este miércoles en las delegaciones del Gobierno en la comunidad autónoma un escrito contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad.

En el escrito, dirigido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, los arquitectos consideran que la futura ley pone en cuestión la seguridad de los consumidores, ya que "permite que profesionales que no han recibido la formación adecuada puedan firmar proyectos propios de los arquitectos, como viviendas o centros educativos".

Los decanos de cada uno de los colegios de arquitectos andaluces entregaron el manifiesto en las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, y en Sevilla acudió a la Delegación del Gobierno en la Plaza de España una representación encabezada por el secretario general del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos (Cacoa), Luis Alfonso Juli, y el decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río.

Esta movilización forma parte de las propuestas que los arquitectos de Andalucía acordaron en una asamblea extraordinaria, celebrada el pasado 22 de abril. Han advertido de que el proyecto "podría ser aprobado de inmediato, porque ha recibido ya el dictamen del Consejo de Estado, en el que lejos de haber estimado las alegaciones presentadas por los colegios de arquitectos, se mantienen invariables estas amenazas".

La carta entregada por los arquitectos lleva la firma del presidente del Cacoa, Luis Cano, y advierte que la Ley pretende modificar la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), una ley aprobada en 1999 después de más de dos décadas de gestación, que "establece un marco, consensuado por todas las profesiones técnicas, agentes sociales y económicos y por todo el arco parlamentario".

En el mismo sentido, recuerda que la LOE regula "una atribución profesional en función del uso del edificio, asignando los de uso residencial, administrativo, sanitario, religioso, cultural y docente a los profesionales que poseen el título académico de Arquitecto por reunir la formación específica necesaria exigida a nivel europeo". "La supresión de requisitos para el acceso a la Arquitectura", dice la carta, "daría lugar a la degradación del servicio, sin añadir valor a un sector ya de por sí altamente competitivo".

Agrega que aunque el Gobierno "se ampara en las exigencias del derecho de la Unión Europea, el propio dictamen del Consejo de Estado ha puesto de manifiesto que no existe ninguna norma comunitaria que exija este desmantelamiento de la profesión de arquitecto".

En este sentido, la carta reclama que cualquier reforma "deberá ajustarse al cumplimiento de las prescripciones de la Directiva 2005/36/CE de la Unión Europea relativa al reconocimiento de calificaciones profesionales, que en sus considerandos establece que son de interés público la "creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado".

"Por ello rechazamos el actual redactado del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y solicitamos al Gobierno, un nuevo texto que conjugue el interés general con el mejor ejercicio de todas las profesiones que regula, sin que sea la Arquitectura la que reciba un trato discriminatorio", donde el escrito, donde solicita que sus representantes "sean recibidos por el ministro de Economía y Competitividad, el presidente del Gobierno o usted misma", en referencia a Sáenz de Santamaría.