El Ministerio de Hacienda se plantea no cambiar en su totalidad el modelo de financiación autonómica, aunque sí retocar las cantidades que reciben las comunidades indirectamente a través de los cambios que se incluirán en la reforma fiscal, que el Gobierno aprobará el próximo mes de junio.

Fuentes ministeriales han explicado que la Ley de Financiación Autonómica no caduca a final de año, sino que únicamente requiere que se haga un balance del resultado del modelo hasta la fecha, cosa que se hará en uno de los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que hay programados para el verano.

Así, con esos resultados en la mano y también con las previsiones del impacto que tendría la reforma fiscal, que se planteará en base a los resultados de recaudación de abril de este año, se podrían negociar cambios que mejoren la financiación de las comunidades, sin necesidad de abrir el melón del modelo completo.

De este modo, la negociación se haría prácticamente en paralelo, de modo que se pueda aprobar antes de final de año, si bien para conseguir acuerdos es necesario que haya un clima político adecuado, sobre todo teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria de la reforma fiscal coincidirá con la consulta soberanista de Cataluña, convocada para el 9 de noviembre, y que en primavera de 2015 se celebrarán elecciones regionales y locales.

Otra cosa sería que la reforma fiscal obligue a retocar ciertos aspectos de la normativa de financiación autonómica, pero en cualquier caso el Ministerio recuerda que los datos definitivos de la ejecución presupuestaria de las administraciones públicas del ejercicio 2013 no se conocerán hasta finales de 2015, por lo que de momento todas las valoraciones se harán en función de resultados provisionales.

Así las cosas, si finalmente el Gobierno decidiera retocar el modelo en su conjunto, lo previsible es que se hiciera ya en la próxima legislatura. En cualquier caso, Hacienda ve poco factible la posibilidad de responder a las reclamaciones de algunas comunidades como Cataluña a través, por ejemplo, de un concierto por el peso que esta región tiene en el PIB nacional, muy superior al de autonomías con sistema propio como Canarias o el País Vasco.

Por eso, ante propuestas de aplicación de sistemas propios fuera del régimen común que sugieren algunas voces, Hacienda reclama que se concreten más teniendo en cuenta los efectos reales que tendrían en el conjunto del país.