Facua-Andalucía ha mostrado su "total rechazo" ante el Decreto Ley 5/2014 de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas que se presenta este miércoles en el Parlamento andaluz para su convalidación, "tanto por el procedimiento seguido para la aprobación de la norma (la fórmula del Decreto Ley) como por la inseguridad jurídica que generará".

En una nota, Facua-A señala que la eliminación de trabas administrativas para el inicio de una actividad económica no sólo incide en el sector empresarial, sino que también tiene un efecto directo en las garantías y en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

Por esto, muestra su "total rechazo" al procedimiento seguido para la aprobación de la norma, que ha dejado fuera de consulta y participación a los representantes de los consumidores y usuarios. Según señala Facua-a, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, dijo que "el diálogo social ha primado en el proceso de elaboración de la norma, en el que han intervenido los distintos agentes sociales y económicos", pero Facua-A afirma que "no es cierto que todos los agentes hayan intervenido", ya que "las organizaciones de consumidores han quedado fuera del proceso expresamente".

Por otro lado, la federación entiende que con la nueva normativa se genera una "preocupante inseguridad jurídica", dado que el Decreto Ley utiliza "una derogatoria genérica e imprecisa", por lo que la ciudadanía, los consumidores y usuarios afectados por la actividad económica y empresarial que se simplifica "difícilmente puede llegar a conocer el alcance de la norma, y todos aquellos procedimientos eliminados o suprimidos que no se incluyen en la modificación de la norma o sus anexos".

Asimismo, indica que la nueva norma tampoco es explícita en los procedimientos de autorización de actividades tan sensibles como la apertura de centros sanitarios privados (hospital, clínica o centro de odontología, cirugía estética, podologías, oftalmología, etc*), sometidos hasta ahora a autorización previa de apertura e inscripción en el Registro correspondiente. Así, quedaban garantizadas las condiciones de prestación de servicio, "un paso que ahora puede presumirse que queda eliminado".

Tampoco se encuentra recogida en la nueva ley la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing) sometida a doble autorización, de un lado todo lo relativo a la formación de los profesionales y de otra, la propia actividad en sí, cuyo ejercicio también está sometido a autorización previa con impacto medio ambiental por la generación y eliminación de residuos peligrosos.

Otras, según apunta, afectan a controles administrativos, como la revisión de las circunstancias para realizar una actividad económica recogida en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de Andalucía (que antes se preveía cada 5 años) y que "puede dar lugar a que una empresa que haya cometido un fraude en este sector continúe ejerciendo la actividad".

Por todo esto, pide que no sea convalidado este miércoles en el Parlamento andaluz y se permita un mayor debate y la participación de los representantes de los consumidores.