Izquierda Unida de Aragón ha exigido responsabilidades y la paralización definitiva del proyecto Castor, depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona y que ha afectado a los municipios turolenses de Valderrobres, Beceite, La Fresneda y Castelserás, tras conocer el resultado del informe del Instituto Geológico Nacional sobre esta plataforma, realizado a petición del grupo de la Izquierda Plural en el Congreso.

En rueda de prensa, el coordinador general de IU Aragón y responsable de Energía de IU federal, Adolfo Barrena, ha subrayado que el informe técnico es "clarificador" al remarcar la relación directa entre la inyección de gas en la plataforma Castor y los más de 400 movimientos sísmicos registrados en tres semanas en los municipios de esta zona, entre ellos las cuatro localidades aragonesas que han sufrido una decena de temblores de unos dos grados en la escala Richter.

Barrena ha recordado que la primera inyección de gas se llevó a cabo en abril de 2012 y ese mismo mes ya se produjo un terremoto de 3,1 grados de intensidad en las proximidades de la plataforma, propiedad de la empresa Escal UGS y su socia española ACS.

Así, se incrementó la actividad sísmica en la zona, lo que llevó a la Izquierda Plural a solicitar la paralización de la actividad y pedir un informe técnico al respecto que, ahora, ha constatado que "teníamos razón, era peligroso, generaba problemas y riesgo" en la zona, ha subrayado Barrena.

El informe es "brutalmente claro" y confirma lo que "cualquier persona con dos dedos de frente entendía", que la actividad en la plataforma estaba afectando a las localidades del entorno, ha observado el candidato de la Izquierda Plural a las elecciones al Parlamento Europeo, Paco Iturbe.

En sus conclusiones, indica que la serie sísmica registrada tiene "una relación directa" con la inyección de gas del proyecto Castor y, además, pone de manifiesto que antes de iniciar los trabajos en la plataforma era necesario un estudio de riesgo sísmico que no se incluyó en la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que el acuerdo alcanzado con la empresa tampoco sería válido, ha observado Iturbe, al alertar de que esta misma situación se podría producir en los proyectos vinculados al fracking.

Proposición no de ley

Por todo ello, IU ha registrado en las Cortes de Aragón, y llevará al resto de parlamentos autonómicos, Congreso y Senado, una proposición no de ley por la que exigen la paralización "absoluta" de la actividad del proyecto Castor y el desmantelamiento "total y definitivo" del mismo, sin gasto adicional para las arcas públicas por el "evidente riesgo sísmico que supone para la ciudadanía".

También reclaman dirigirse al Gobierno de España para que paralice todos los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas y solicitarle que ejecute todas las medidas legales necesarias para exigir la responsabilidad patrimonial a la empresa Escal UGS, por la "posible ocultación de datos sobre el riesgo sísmico de la explotación del depósito de gas" y a las autoridades, funcionarios y técnicos que "avalaron, informaron favorablemente o aprobaron el proyecto".

Por último, IU reclamará al Ejecutivo aragonés que adopte las medidas legales necesarias para exigir responsabilidades a la empresa por los daños y afecciones causados a las localidades aragonesas afectadas.