La juez Mercedes Alaya también investigará las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en las subvenciones que por valor de 49,5 millones de euros recibió la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos de formación a parados, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Una vez recibido el decreto dictado por la Fiscalía Superior de Andalucía sobre este asunto, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha dictado a su vez un decreto en el que acuerda remitir esta parte de la investigación a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla al entender que debe ser ella la que indague sobre los 49,5 millones de euros en ayudas recibidos por la extinta Faffe entre los años 2009 y 2010.

Asimismo, y en este mismo decreto, la fiscal jefe remite al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla parte de la investigación, en concreto sobre una empresa vinculada al sindicato UGT que supuestamente habría recibido fondos de formación y a la que la Cámara de Cuentas también citaba en su informe.

Hay que recordar que, en el informe 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004', la Cámara incluía la detección de numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por 50 millones de euros sin "justificación alguna".

En el decreto, Segarra entiende que, al existir dos juzgados investigando el destino y "desvío" de los fondos de formación, "no es procedente que por esta Fiscalía se aperturen nuevas diligencias de investigación por entender que los hechos expuestos en el decreto" del fiscal superior, Jesús García Calderón, "se encuentran incluidos dentro del ámbito de sus respectivas investigaciones".

La investigación sobre juan lanzas

Al hilo de ello, precisa que, según "consta" en su departamento, el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla se encuentra actualmente investigando el "desvío" de fondos de formación "y otros" por el sindicato UGT tras recibir "diversas" denuncias sobre ello, presentadas por el sindicato Manos Limpias, caso que recuerda "se encuentra bajo secreto sumarial".

De su lado, el Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular es Mercedes Alaya, tramitó inicialmente unas diligencias de las que, a su vez, se dedujeron otras dos diligencias previas, una de ellas "por fraudes en fondos de formación derivados de ERES tramitados y otros cursos organizados" por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas "y empresas de su entorno", y la segunda sobre "el destino de los fondos de formación".

"En dicha medida considero procedente remitir copia de las actuaciones del fiscal superior a los magistrados titulares del Juzgado de Instrucción número 9 y del Juzgado de Instrucción número 6 para su conocimiento y por entender que no es procedente que por esta Fiscalía se aperturen nuevas diligencias de investigación por entender que los hechos expuestos en el decreto del fiscal superior se encuentran incluidos dentro del ámbito de sus respectivas investigaciones", concluye Segarra en su decreto.

Alaya y las 'MACROCAUSAS'

De este modo, la juez Mercedes Alaya suma ocho 'macrocausas', como son, además de la relativa a la Faffe, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares; el delito societario y la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla; la denominada operación 'Madeja'; el presunto delito societario cometido por el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera; la mencionada sobre Juan Lanzas, y la investigación sobre las ayudas concedidas por IDEA.

En el decreto elaborado por Jesús García Calderón, el fiscal superior de Andalucía se preguntaba sobre el hecho de que la Faffe acumulara subvenciones por 50 millones de euros poco antes de desaparecer y que no tuvieron "documentación justificativa".

Según alerta la Fiscalía, la fundación se extinguió el 3 de mayo de 2011, subrogándose el Servicio Andaluz de Empleo en todos sus derechos y obligaciones, produciéndose "la situación paradójica" de que el órgano gestor de las ayudas se convierte en el receptor de las mismas, como consecuencia de la extinción del beneficiario.

"No se localiza en el informe referencia alguna al mecanismo, instrumento o argumentación legal que otorgue la cobertura normativa necesaria para que los fondos entregados a esta Fundación sean ejecutados por el mismo órgano que los concede, en representación de la extinta entidad", indica la Policía Judicial en su informe, que recoge la Fiscalía.