El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, defenderá el lunes en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Cantabria a respetar las decisiones de los jueces y los tribunales de justicia y a ejercer acciones judiciales, especialmente las penales y los recursos, "solamente para defender el interés público y conforme a los principios de respeto a las leyes y a los derechos de los ciudadanos, que deben presidir siempre la actuación de los responsables públicos".

Con esta iniciativa, presentada tras las recientes sentencias en contra de denuncias promovidas por el Ejecutivo contra miembros del anterior Gobierno como el ex consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano, el PRC ha criticado en un comunicado el uso de "métodos reprobables" para judicializar la vida política que a su juicio practica el Gabinete de Ignacio Diego, originando con ello "un grave perjuicio a las arcas públicas, además de perjuicios y sufrimientos a los afectados".

De la Sierra pretende rechazar que el Gobierno pueda aprovecharse de una "situación de privilegio desde su posición de poder" y utilizar medios públicos "para conseguir objetivos políticos partidistas, buscando el descrédito del adversario mediante el ejercicio de querellas o denuncias infundadas o mal motivadas, mediante la alteración de los hechos o su ocultación parcial, buscando la repercusión mediática de una posible imputación y la aplicación de la denominada 'pena de banquillo'".

Del mismo modo, considera "rechazable" que, desde esa posición de poder y utilizando medios públicos, "se obligue a los ciudadanos a seguir largos y costosos procedimientos para defender sus derechos". Y condena "el uso de manera obsesiva" de gran cantidad de medios económicos y de trabajadores públicos "no a aclarar actuaciones dudosas, sino a intentar encontrarlas incluso donde no aparecen ni siquiera indicios de que existan".

"Numerosas sentencias y autos de los tribunales vienen indicando, desde hace ya algunos meses, que el Gobierno de Cantabria puede estar utilizando estos métodos reprobables y que esa manera de proceder, además de los perjuicios a los afectados, está originando un grave daño a las arcas públicas", ha explicado el portavoz del PRC.

En su opinión y en un momento como el actual, con "numerosos casos de corrupción que salpican la vida política y escandalizan a la opinión pública", resulta "imprescindible" que los órganos directivos de la Administración, el Poder Judicial y la Fiscalía ejerciten sus funciones como "garantes del cumplimiento de la legalidad y actúen para el esclarecimiento de los hechos, su enjuiciamiento y la sanción penal o administrativa de sus autores".

"Lo que no podemos permitir es que nadie apele a esos objetivos como coartada para obtener réditos políticos partidistas", ha concluido.