El presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, ha recibido con "absoluta normalidad y tranquilidad" la admisión de la querella presentada por la Fiscalía y su citación como imputado en un caso de supuestos sobreprecios en el alquiler de unos bajos que son de su propiedad y de su esposa, al concejal popular de Pazos de Borbén y diputado provincial, Severino Reguera.

En declaraciones a los medios, Louzán ha afirmado que espera ser llamado a declarar "cuanto antes" y que confía en que el caso se tramite "con celeridad" por parte del juzgado. "No puedo estar preocupado porque no lo estaba desde un principio", ha defendido.

Aunque ha señalado que le gustaría "que no sucedieran estas cosas", ha matizado que "si suceden hay que estar con la conciencia tranquila, conociendo que en el ámbito judicial se están haciendo las cosas bien". "Allí estaré y sin ningún problema", ha precisado Louzán, en relación a cuando se requiera su comparecencia.

"No me sorprendió", ha señalado el presidente del organismo provincial sobre su imputación, argumentando que se trata de un procedimiento "reglado" en el que "habitualmente, una vez que desde la Fiscalía se traslada una querella al ámbito judicial" y "lo normal es que la admitan para que se pueda hacer la declaración oportuna".

Louzán, que ha hecho "vida normal" desde que tuvo noticia de su imputación por cohecho continuado, ha reiterado que "no hay una acusación en firme, sino una serie de manifestaciones" por parte de una persona "anónima" de las que "lo único que se desprende es si hay o no hay un precio de mercado" en el alquiler de unos bajos comerciales en el barrio vigués de Navia que, según Louzán, "conforman una unidad" de más de 100 metros cuadrados. "Le resto importancia", ha afirmado Louzán sobre la procedencia desconocida de la denuncia.

"Creemos que se puede esclarecer", ha reiterado el presidente de los populares de la provincia de Pontevedra en relación a la documentación que se le va a requerir que aporte. Por ello, ha reiterado su disposición a que le pregunten "todo lo que quieran y que se pueda esclarecer cuanto antes".

Estatutos del partido

El PPdeG no se ha manifestado expresamente este viernes sobre la situación del presidente de la Diputación de Pontevedra, aunque sus estatutos prevén abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales.

En concreto, determina la activación de este expediente informativo "cuando se tuviera conocimiento de una imputación judicial a un afiliado por incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o por realizar conductas tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias se consideren incompatibles con las obligaciones y deberes éticos de los Estatutos Nacionales del PP".

Dicho expediente, sólo se transforma en disciplinario en el caso de que se produzca señalamiento de juicio oral —situación en la que se encuentran ahora los concejales compostelanos— y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial con la correspondiente sentencia o, en su caso, sobreseimiento.