Comisiones Obreras (CC.OO.) prevé que la reforma de la ley del poder judicial —cuyo anteproyecto aprobó en abril el Gobierno de Mariano Rajoy— ponga en riesgo 1.350 plazas de funcionarios en Galicia, que augura que serán suprimidas por la vía de la amortización —sin cubrir vacantes por jubilación—.

En rueda de prensa, el secretario general del sindicato, Xosé Manuel Sánchez Aguión; el responsable de la federación de servicios a la ciudadanía, Ramiro Otero; y el encargado de justicia de esta federación, Jorge Suárez, han presentado una moción que CC.OO. presentará en todos los ayuntamientos de la comunidad con el objetivo de que se posicionen.

Y es que, a su juicio, la postura del PPdeG a este respecto —votó a favor en el último pleno de una iniciativa en la que se pedía el mantenimiento de todos los partidos judiciales— responde a una "ambigüedad calculada y claramente electoralista". "Es un guiño electoral. Pero no cabe ninguna duda de que esto se va a aplicar. No tienen credibilidad alguna y, además, mentir ya no cuesta nada", ha censurado Sánchez Aguión.

De acuerdo con los datos de esta organización, apuntados por Suárez en la comparecencia, el cuadro de personal global de la Comunidad Autónoma está compuesto por unos 2.700 funcionarios. Con la centralización de los partidos judiciales —de 45 pasarían a cuatro con la nueva ley, situados en las capitales de provincia—, "se verían afectados más de la mitad", ha asegurado.

Al respecto, el responsable de justicia de Comisiones ha constatado que la Administración no puede despedir a funcionarios, pero, a su juicio, utilizaría "la vía" de, "a medida que se van jubilando, amortizar la plaza". Debido a la ausencia de oferta de empleo público y "la edad avanzada del personal de justicia", ha denunciado que la Administración "aprovecha esa circunstancia".

Personal laboral y profesionales de la justicia

Además, ha agregado, la nueva norma tendría efecto en el personal laboral, responsable del mantenimiento de los edificios, en el sentido de que, si se cierran edificios, "no tendrían mantenimiento".

Ha añadido, asimismo, que a los 2.700 funcionarios se suman trabajadores en el ámbito de la justicia como abogados, jueces y secretarios. "Cerrarían colegios de abogados y procuradores", ha augurado, al tiempo que Aguión se refería a consecuencias para el comercio y otros establecimientos de las localidades que eventualmente se quedarían sin partido judicial de seguir adelante el anteproyecto en los mismos términos.

Reforma "ultraconservadora y que politiza"

"Este ministro pretende solucionar el colapso de la justicia por la vía de la amputación, impidiendo el acceso a la misma de las clases populares y más desfavorecidas", ha criticado este sindicalista, en relación a una reforma que considera "unilateral, ultraconservadora y que politiza el poder judicial".

"El gobierno no debe hacer una declaración de intenciones en plena campaña electoral, sino aclarar qué va a pasar con las infraestructuras judiciales, si va a pedir la retirada del proyecto y si esa defensa firme va a contar con asesoramiento y va a abrir un diálogo con todos los operadores jurídicos... o si va a seguir la misma dinámica del señor Gallardón", ha finalizado.

En este sentido, Ramiro Otero, de la federación de servicios de CC.OO., se ha mostrado convencido de que, "después de las elecciones del 25 de mayo, las mentiras se van a convertir en realidad". "Eso de que no va a haber cierres ni pérdida de puestos de trabajo... va a ser todo lo contrario", ha augurado. Por eso, ha esperado que "ese compromiso político que parece que hay por parte del Gobierno del PP se concrete en los ayuntamientos y no lo digan por la boca pequeña".

También ha ironizado con que esta reforma supondrá "volver otra vez a 'una, grande y libre, y con capital en Madrid y división administrativa en las provincias".

Por su parte, el responsable de Comisiones Obreras en Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión, ha calificado al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como "el ministro de represión y de recorte de libertades", y le ha acusado de ser "uno de los abanderados más destacados del conservadurismo más rancio" del Estado español.

"Estamos asistiendo proceso desmantelamiento del modelo social del Estado de Bienestar. Se está rompiendo la cohesión social y provocando tremendas desigualdades en nuestro país. La propuesta de ley orgánica del poder judicial va en ese camino de desmantelamiento de nuestra administración de justicia, en el camino de eliminar, recortar derechos, de impedir o dificultar el acceso a la justicia, un derecho básico de la mayoría social, a la que se está colocando en una situación clara de indefensión", ha resumido.

A eso le ha añadido la ley de tasas y el proceso de "privatización" de determinados tipos de servicios como los que tienen que ver con los registros civiles, "en la línea de trasvasar recursos públicos a manos privadas, en manos de unos pocos".

La justicia es "un derecho básico y fundamental en un estado democrático y de derecho y debe ser uno de los elementos de protección especial de los poderes públicos", ha sostenido Sánchez Aguión. "Pues en vez de ponerse más recursos, se eliminan o recortan y se hace negocio a favor de unos pocos en perjuicio de la mayoría", ha finalizado.