Los sindicatos CGT y Ustea han convocado paros parciales en el sector educativo para los días 20 y 21 de mayo, días de celebración de las Pruebas Escala, estandarizadas y que se realizan en todos los centros educativos andaluces en el 2º curso de Educación Primaria, al objeto de expresar su rechazo a las mismas.

De hecho, la responsable de Acción Sindical de Ustea Enseñanza, Purificación Sánchez, ha manifestado a Europa Press que la central a la que representa ha "obligado" a la Consejería a reformular las instrucciones de la Junta para realizar dichas pruebas, ya que "debido a la repercusión que nuestra campaña de boicot tuvo el curso pasado", la Junta pretende impedir ahora que las familias manifiesten su deseo de que se exima a sus hijos de la realización de las mismas.

En este sentido, Ustea ha recomendado que realicen este año la petición basándose en la objeción de conciencia, "un derecho constitucional contemplado a partir de los años 80 como conciencia contra ley".

"En la medida en que incide en la libertad ideológica, la objeción de conciencia se considera un derecho fundamental, que se entiende comúnmente como el rechazo al cumplimiento de determinadas normas jurídicas por considerarse éstas contrarias a las creencias éticas o religiosas de una persona: en este caso, razones éticas", ha especificado.

Y es que el sindicato, que sostiene que la administración regional, "ante la incapacidad de las administraciones de mejorar la educación, trasladan su responsabilidad a los docentes, tratándose de inculpación más que de evaluación", considera que las pruebas suponen un "despilfarro" que "responde a los mandatos de un mercado laboral que quiere mano de obra precaria y dócil".

Por ello, Ustea, en lo que califica de "boicot", ha dirigido un escrito a las familias, a las que piden rellenar un documento para que sus hijos no tengan que realizar las pruebas.

"se legitima un gasto inútil"

Por su parte, CGT ha expuesto en una nota que ha recurrido las instrucciones por entender que son contrarias al ejercicio de derechos fundamentales, como la objeción de las familias a que sus hijos cooperen con este "engaño" que "legitima un gasto inútil, mientras se recortan gastos e inversiones necesarios en centros andaluces".

Así, expone que las órdenes "son de obligado cumplimiento para quienes deben obedecerlas", pero que las familias no son las destinatarias de esta orden y, por tanto, "no quedan obligadas a hacer o dejar de hacer lo que consideren oportuno". Por otro lado, tampoco el alumnado está obligado a contestar la prueba, "aunque por su corta edad la ascendencia de los adultos sobre su comportamiento es enorme".

Otro aspecto que, a juicio de la central sindical, supone "ir más allá de la orden que regula la aplicación de las pruebas Escala" es el de que la aplicación de la misma será responsabilidad del equipo del Primer Ciclo de Educación Primaria.