La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, Belén Fernández, ha dicho este jueves que no puede dar traslado, a los diputados de la oposición que lo han pedido, de la totalidad del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre presuntas irregularidades en la obra de ampliación del Puerto de el Musel, en Gijón. Fernández se ha basado en un dictamen que el Consejo Consultivo ha hecho público hace unas horas. "Sería irresponsable difundir el informe", ha dicho la consejera.

Así se ha pronunciado a una interpelación del en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, quien le ha pedido el documento, sobre todo en atención a la "transparencia", dado que si es cierto que se está planteando devolver fondos europeos para la citada obra, los ciudadanos "tienen derechos a saberlo". Prendes, de hecho, ya tiene previsto una moción solicitando el mencionado informe.

Sin embargo, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias limita en el dictamen de este jueves el derecho a la hora de difundir el informe y ha dictaminado que el Principado "no puede dar acceso al informe final y recomendaciones de la OLAF en relación con al ampliación del Puerto de Gijón-Musel sin recabar previamente el parecer de la Comisión Europea o de la OLAF, pero sí debe suministrar, sin violentar el núcleo de la reserva ni revelar datos personales protegidos, y en aras a la mayor efectividad del acceso a la información, aquella que atañe a los ámbitos competenciales del Principado de Asturias que pudieran verse afectados o comprometidos por las eventuales consecuencias del informe o las actuaciones subsiguientes".

En relación a las solicitudes de ciudadanos que pidan al Principado conocer el documento, el Consejo Consultivo recuerda que el documento se ha trasladado al Estado "con reserva y con explícita declaración de privacidad". Y que es el organismo autor del documento, es decir, la OLAF, al que han de dirigirse las peticiones.

La condición de los diputados regionales, sin embargo, es "distinta" a la de los ciudadanos, según el Consejo Consultivo. No obstante, el derecho de información de estos parlamentarios queda "constreñido" a aquellos aspectos "que guardan relación con las competencias autonómicas".

"No puede el Gobierno del Principado atender de plano, por decisión propia, una solicitud de acceso a la totalidad de la documentación, en cuanto que versa, en esencia, sobre hechos y recomendaciones ajenos al ámbito competencial de la comunidad autónoma y pendientes de que las autoridades competentes sustancien las actuaciones oportunas", señala el Consultivo.

Hasta esa fecha, la información del Principado, que sí tiene el informe, traslade a los diputados que lo soliciten será siempre "bajo criterios de prudencia proporcionalidad y suficiencia", según el Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

En la exposición de motivos de Prendes, se señala que la OLAF ha presupuesto a la Comisión Europea que "solicite a la Autoridad Portuaria del Puerto de El Musel la devolución de las ayudas europeas concedidas para financiar las obras de ampliación de este puerto, un total de 198 millones de euros, al margen de otros 49 millones de euros que están en la actualidad retenidos y pendientes de justificación".

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