El pleno de la Diputación Provincial, celebrado este jueves, ha llegado a un acuerdo unánime de los tres grupos políticos —PP, PSOE e IU— para que la institución supramunicipal solicite al juzgado correspondiente testimonio de la sentencia en la que se condena al diputado provincial y alcalde de Benamocarra (Málaga), Abdeslam Lucena, y, una vez recibida, "iniciar los trámites legales que procedan".

El acuerdo ha sido aprobado y firmado por los tres portavoces, después de que la oposición haya exigido en varias ocasiones al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que destituya a Lucena, quien también es responsable provincial de Servicios Intermunicipales y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), después de la sentencia que lo condena a seis meses de prisión y un año de suspensión para cargo público por los delitos de injurias, calumnias, desobediencia y malversación.

"Vamos a firmar un documento para dirigirnos al juzgado por si existe esa sentencia, que parece que sí, nos la remitan oficialmente, y a partir de ahí procederemos como corresponda", ha afirmado Bendodo a los periodistas, al mismo tiempo que ha asegurado que "no tenemos constancia oficial de nada".

Asimismo, Bendodo ha agregado que "ya conocen mi opinión en este tema, pero para ahondar más vamos a pedir que el juzgado nos remita la sentencia dictada, que no es firme". El máximo representante del ente ya manifestó la semana pasada que esperaría a que haya una sentencia "firme e irrecurrible" para adoptar "la decisión política que corresponda".

Sobre este asunto el PSOE ha llevado una moción en la que pedía la destitución de Lucena como diputado; de hecho, antes de iniciar la sesión el portavoz socialista, Francisco Conejo, ha pedido Bendodo que el regidor de Benamocarra no participase en el pleno, algo por lo que el portavoz del equipo de gobierno del PP, Francisco Salado, lo ha acusado de "hacer teatro".

"Por qué si no está declarada esa incompatibilidad no quiere que esté sentado en el pleno", se ha preguntado Salado, a lo que ha considerado que "se están vulnerando sus derechos fundamentales", porque Lucena, en palabras del portavoz 'popular', "tiene legitimidad y todo el derecho de sentarse aquí como diputado provincial". "Habrá que proceder según digan los informes de esta casa", ha reiterado.

Asimismo, el portavoz del equipo de gobierno ha reprochado a Conejo que "tiene una moral de plastilina, que va moldeando en función de los intereses que en cada momento le beneficien a él". "Si la persona implicada es del PSOE es más flexible y si es del PP es más rígido, y quiere que se cumpla inmediata y taxativamente lo que dice la ley", ha criticado.

Salado ha señalado que "el equipo de gobierno va a actuar conforme a lo que diga la legislación vigente, lo que legalmente proceda", y ha explicado que "lo que procede es abrir un expediente administrativo para pedir testimonio, tener el original de esa sentencia, y ver si es cierto que se incurre en incompatibilidad".

Los socialistas han argumentado que se trata no solo de una cuestión política, sino también jurídica, ya que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece, en su artículo 6.2, que se incurre en incompatibilidad e inelegibilidad por haber sido condenado por delitos tipificados contra la administración pública, con una pena de suspensión de cargo y empleo, "como ha sido el caso del alcalde de Benamocarra".

En estos supuestos, el portavoz socialista, Francisco Conejo, ha insistido en que la norma determina "la obligatoriedad legal" de abandonar los cargos, aunque la sentencia no sea aún firme. Del mismo modo, ha señalado, el propio reglamento orgánico de la Diputación se remite a la ley y estipula que los diputados que estén en una situación como la de Lucena "perderán su condición".

De esta forma, para Conejo "el acuerdo unánime alcanzado va en la línea de que se haga cumplir la ley". "El Partido Popular no puede seguir mirando para otro lado, no puede seguir saltándose normas y leyes", ha afirmado.

A juicio del dirigente socialista, se trata de "un asunto muy grave". "Un condenado por delitos de injurias, calumnias, desobediencia y malversación como Abdeslam Lucena no puede permanecer ni un minuto más sentado en un escaño de la Diputación y en la Alcaldía de Benamocarra", ha sostenido, afirmando, además, que "el crédito de Bendodo está en juego y se está agotando".

Conejo ha criticado que las responsabilidades políticas tendrían que haberse depurado ya, "sobre todo cuando Bendodo va dando lecciones por toda Andalucía pidiendo la dimisión y el cese de responsables públicos cuando solamente están imputados".

Por su parte, el diputado provincial de IU Pedro Fernández ha insistido en que Lucena debe dejar su puesto "porque hay una sentencia que lo dice". "Lo que no puede hacerse es a lo que nos tiene acostumbrados el PP, que ya mantuvo aquí a Juan Martín Serón —alcalde de Alhaurín el Grande— hasta el último extremo, y ahora vemos cómo otra vez mantienen a un condenado en la Diputación", ha criticado.

Así, Fernández ha sostenido que "los partidos políticos, ante estos hechos, tienen que tomar una decisión, y ésta siempre tiene que ser la de la defensa de la democracia y los valores constitucionales". "No puede un alcalde saltarse las normas a la torera", ha concluido, y ha pedido al PP que "no siga amparando a condenados en la provincia".

La cónsula

También se ha aprobado, a iniciativa del PP, una moción de apoyo a La Cónsula. "Hay una estrategia clara del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso; es una vergüenza que un malagueño sea el que se quiera cargarse una escuela que es el buque insignia en el ámbito de la hostelería", ha criticado el portavoz del PP.

En esta línea, Salado ha señalado que, "después del primer ataque de hace un año", ahora "nos encontramos con el despropósito de que están pidiendo la devolución de subvenciones concedidas en 2008". "No tiene sentido que cambien los criterios de fiscalización años después", ha agregado.

Han sido aprobadas otras iniciativas del equipo de gobierno del PP en las que se pide a la Junta de Andalucía que no venda el edificio de Andalucía Lab, en Marbella, y que la gestión de la Cuenca Mediterránea vuelva a Málaga por "motivos de eficacia y eficiencia".

Segregación de serrato y montecorto

Por otro lado, se ha aprobado instar al Gobierno central a que, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aclare si los expedientes de segregación de las Entidades Locales Autónomas (ELA) de Serrato y Montecorto, que se iniciaron antes de la aprobación de la reforma local, pueden aprobarse sin tener que cumplir el artículo que establece que necesitan al menos 5.000 habitantes para ser municipios.

Asimismo, se ha acordado con esta moción presentada por el PSOE, instar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que realice las medidas oportunas para garantizar que esos expedientes de segregación se puedan tramitar.

Por último, ha sido rechazada una moción de IU en la que pedía a la Diputación que exigiese a las entidades bancarias que pongan todas las viviendas protegidas de las que son propietarias a disposición de los Registros Municipales de Demandantes, para que puedan ser adjudicadas a personas con necesidad.

Asimismo, se solicitaba realizar un requerimiento concreto al Banco Popular, al Banco Santander, al BBVA y a la Unión de Créditos Inmobiliarios, que son titulares de 17 inmuebles protegidos inmovilizados.

La otra iniciativa de IU que ha sido rechazaba instaba al equipo de gobierno de la institución provincial a poner en marcha un plan de empleo extraordinario y un fondo de emergencia social destinado a crear empleo, fundamentalmente joven.