El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha reclamado que se dé "varias vueltas" a lo dispuesto en el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre la instrucción colegiada y, por otra parte, fórmulas que impidan a los aforados acciones "dilatorias".

Durante su participación en el IX Encuentros de Jueces y Magistrados de Asturias, Cantabria y Castilla y León, en el que se conmemoran los XXV años de existencia de los Tribunales Superiores de Justicia en España, Tolosa, junto con los homólogos de las comunidades participantes, han realizado algunas "críticas constructivas" al anteproyecto de LOPJ.

Entre otras cuestiones, se ha referido a algunas de las novedades que prevé en materia de aforamiento la futura LOPJ, que incluye en la lista de aforados a la Reina y a los Príncipes de Asturias o que establece que los imputados en causas por presuntos delitos cometidos durante la etapa en la que, por sus cargos, eran aforados, sigan siendo considerados como tal aunque ya no estén en este puesto.

Tolosa ha opinado que con el aforamiento "se juega" y ha señalado la posibilidad de que los aforados puedan incurrir en conductas "dilatorias".

Ha explicado que, hasta ahora, un diputado imputado en una causa que renunciaba a su acta de parlamentario no era ya considerado aforado y podía ser juzgado por los tribunales ordinarios.

Como ejemplo, ha puesto como ejemplo el caso de la alcaldesa de Alicante y diputada del PP en las Cortes Valencianas, Sonia Castedo, imputada por el denominado 'Caso Brugal' y que presentó el pasado viernes su renuncia como parlamentaria autonómica.

Tolosa ha señalado que en la nueva LOPJ, en fase aún de anteproyecto, un aforado seguiría teniendo esa consideración aunque ya no esté en el cargo si el supuesto delito por el que está imputado se cometió en esa etapa.

Instrucción colegiada

Por otra parte, y en relación a otra de las novedades del anteproyecto de LOPJ, ha opinado que habría que dar "varias vueltas" a la posibilidad de instrucción colegiada que introduce ya que, a su juicio, están "bastante abstractos" e "inconcretos" los supuestos a los que se permite recurrir a ella.

Otra de las cuestiones que se ha planteado sobre esta instrucción colegiada en los grandes casos —considerados como tal por su complejidad, volumen o número de imputados, entre otras circunstancias— es la relativa a qué órgano o quién debe decidir que haya o no una instrucción colegiada y ha advertido de que puede existir "la posibilidad de hurtar las instrucción al instructor".

Además, Tolosa ha resaltado que mientras que el borrador existente del futuro Código Procesal Penal atribuye la labor de instrucción al fiscal, el anteproyecto de LOPJ prevé la posibilidad de esta instrucción colegiada por tres jueces.

Por ello, ha reclamado que haya una "depuración legislativa" en sede parlamentaria para acabar con estas posiciones que, a su juicio, son "contradictorias" en la normativa.

"Luego pasa lo que pasa", ha dicho Tolosa, que cree que de lo que se trata es que hay que decidir quién se "quiere" que instruya.