La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSIF-A) ha lamentado este miércoles que "algunas fuerzas sindicales del ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía intenten jugar y crear confusión dentro del cuerpo de interinos de la Junta de Andalucía poniendo en cuestión las potestades administrativas que éstos atesoran".

Así, CSIF-A ha desmentido, en una nota, la información vertida por el Sindicato de Funcionarios de Andalucía (SAF) sobre la investigación interna de los expedientes afectados por el posible fraude en la justificación de subvenciones para cursos de Formación Profesional para el Empleo.

Para CSIF-A, el Estatuto Básico del Empleado Público deja bien claro qué funciones corresponden a los funcionarios de carrera y que, en ausencia de éstos, está previsto entre otras circunstancias para la contratación de funcionarios interinos la ejecución de programas de carácter temporal, "dejando claro que dicha sustitución debe tener razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia y sólo para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera".

Por todo ello, CSIF-A considera "carente de rigor" las declaraciones del SAF y que deja en cuestión la profesionalidad que se le debe reconocer a todo funcionario en cuanto al desempeño objetivo de sus tareas, sea la forma en que haya obtenido dicho nombramiento, y siendo siempre ensalzable su grado de independencia y libertad a la hora de ejecutar sus labores encomendadas.

No obstante, CSIF-A espera que la Administración no aproveche las necesidades de personal asignando otros trabajadores del sector público andaluz que "carecen de las potestades públicas señaladas para el personal funcionario y que provienen incluso de entes públicos sin demasiada información sobre su origen y/o funcionalidades".

Por último, CSIF recuerda que lleva meses reclamando a la Junta de Andalucía una Ley de Potestades Administrativas que amplíe lo recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y que aclare este tipo de circunstancias, "insalubres para la profesionalidad y la imagen pública de los funcionarios andaluces".