Un guardia civil niega su implicación en una red de narcotráfico y que recibiera dinero o coches del cabecilla

La causa suma 19 acusados, entre ellos dos guardias civiles de Tavernes y un agente de Policía Local de Pedralba
Acusados en el juicio por la 'Operación Gorrión'
Acusados en el juicio por la 'Operación Gorrión'
EUROPA PRESS
Acusados en el juicio por la 'Operación Gorrión'

Un guardia civil acusado de colaborar en una de las mayores operaciones de narcotráfico, denominada 'Operación Gorrión', ha negado su implicación en ningún tipo de red, al tiempo que ha asegurado que no ha recibido ni dinero ni coches del cabecilla de la trama, del que ha dicho que era su confidente para otras operaciones, pero "nada más".

Este agente se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia junto a otro compañero suyo, destinados al área de investigación del Puerto Principal de Tavernes Blanques; un policía local del municipio valenciano de Pedralba; y otras 16 personas, la mayoría de ellas narcotraficantes.

El ministerio fiscal pide para los dos guardias civiles una pena de 18 y 20 años y medio de prisión por un delito de cohecho, contra la salud pública y blanqueo de capitales. Además, a uno de ellos le atribuye un delito de tenencia de armas prohibidas. Así mismo, la fiscal reclama para el presunto cabecilla de la red una pena de 27 años de cárcel; otros 18 años y medio para su mano derecha; y entre 3 y 10 años para el resto de implicados. Por último, solicita una pena de 10 años de prisión para el agente de Policía de Pedralba.

Los acusados se han sentado en el banquillo en relación a un entramado criminal que tenía por objeto la recepción periódica en el Puerto de Valencia de contenedores cargados con cocaína y su posterior extracción y colocación en el mercado negro. La banda fue desarticulada el 10 de octubre de 2008, cuando intentó introducir en el Puerto 60 kilos de cocaína, cuyo precio en el mercado ilícito hubiera ascendido a la suma de 2.018.941,29, 5.234.915,31 o 7.381.464 de euros, según se distribuyera por kilogramos, gramos o dosis.

En la primera sesión del juicio por esta operación ha declarado uno de los guardias civiles, así como otras seis personas. Todos ellos han negado su implicación, participación o conocimiento de la operación de narcotráfico, y la mayoría tan solo ha querido responder a las preguntas formuladas por su abogado. Este miércoles se retomará la vista con los interrogatorios al resto de acusados.

El agente que ha declarado, Rafael S.C., sin antecedentes penales, ha asegurado que no tiene "nada que ocultar" y ha resaltado que si hubiera tenido conocimiento de la operación de droga descubierta en 2008, lo habría puesto en conocimiento de sus superiores y "hubiera actuado en consecuencia". También ha negado que el cabecilla le hubiera dado dinero: "¿Por qué me tiene que dar a mí dinero?; ¿Qué he tenido que hacer?", se ha preguntado.

El guardia civil, quien ha sido muy crítico con el trabajo realizado por Asuntos Internos, ha negado al mismo tiempo que el cabecilla de la organización le regalara coches, ni a él ni a su esposa, a cambio de facilitarle información sobre vigilancias o matrículas de vehículos oficiales, que está reservada para las fuerzas de seguridad.

Pese a estas negaciones, el ministerio fiscal sostiene en su escrito de calificación provisional que como contraprestación a la colaboración que los agentes daban al cabecilla de la organización, éste les regaló un vehículo a cada uno —un Mercedes y un Mini Cooper— que pusieron a nombres de sus respectivas parejas para evitar aparecer como titulares.

"no me tenía que comprometer"

Interpelado por este extremo, el agente ha explicado que su mujer quería cambiar de coche, y como sabía, por su relación de "confidente" con el cabecilla, que éste tenía negocios en los que importaba vehículos de EEUU, se puso en contacto con él y le pidió un Mercedes, que según ha dicho "pagó en efectivo" —22.000 euros— su pareja. Preguntado por si no le comprometía comprar un coche precisamente al cabecilla de la red, ha dicho: "no me tenía que comprometer si yo no hacía nada ilegal".

En relación con el dinero, la fiscal cree que los dos guardias civiles incrementaron su patrimonio en cuantía al menos de 183.000 y 114.000 euros respectivamente, siendo que los únicos ingresos lícitos y medios de riqueza que justificaban provenían de su "moderado" salario profesional como miembros de la Guardia Civil.

El agente ha explicado que su relación con el cabecilla de la trama se remonta al año 2005, cuando lo detienen en otra operación de narcotráfico y finalmente se convierte en "confidente", del que se encargaban tanto él como su compañero, también procesado en esta causa.

En esa relación, ha explicado que mantenían encuentros, la mayoría de ellos estando de servicio, y conversaciones telefónicas en las que el cabecilla les pasaba información. Preguntado por si consultaron en su base de datos, a petición de éste, las matrículas de unos coches oficiales que le vigilaban, ha indicado que "sí", pero que "en ningún caso" fue para darle información, sino por motivos de "seguridad": "nunca le daría los resultados porque estaría fuera de nuestra labor", ha agregado.

También ha puntualizado que "no hay un marco establecido para el trato con los confidentes", y ha reconocido que su compañero le prestó dinero al cabecilla, "por eso en una conversación éste se lo reclama", ha dicho. Por último, el agente, quien ha estado en prisión dos años y nueve meses, ha insistido en que desconocía "por completo" la entrada de 60 kilos de cocaína por el Puerto de Valencia, en una operación liderada por su confidente, y ha reiterado que si lo hubiera sabido, "hubiera actuado en consecuencia".

Unas mochilas y tabaco

Por su parte, otro de los acusados, que presuntamente medió con camioneros para recibir la droga en el Puerto, ha afirmado que el cabecilla de la red le ofreció 30.000 euros por recoger unas mochilas del Puerto, cuyo contenido desconocía. "No sabía que era droga ni nada de eso", ha recalcado.

Por otro lado, el encargado de viajar a Medellín para supervisar el envío de la droga, ha negado este extremo y ha justificado su viaje en un "negocio" para importar coches de EEUU. Ha señalado que conoció a un chico "en Cánovas, de fiesta", con quien compartía la afición de las motos, y éste le propuso ir a su país para comentarle a su familia el negocio que tenía entre manos.

Por último, otro de los acusados de recibir dinero para recoger la droga, ha afirmado que el día en que fue detenido tan solo fue al Puerto para acompañar a un conocido, y allí bajaron porque querían "comprar tabaco". Así, ha negado todo lo que narró en fase de instrucción, y ha indicado que lo dijo para salir pronto de prisión, porque oyó en la cárcel que si declaraban contra la Guardia Civil o el cabecilla, le dejarían libre.

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