43 ayuntamientos catalanes exigen la devolución y amenazan al Gobierno con un contencioso

Un total de 43 ayuntamientos catalanes ha exigido la devolución de los 'papeles de Salamanca' --que se encuentran en el archivo de la ciudad-- mediante resoluciones consistoriales enviadas al Ministerio de Cultura, y amenazan con la interposición de un recurso contencioso-administrativo antes del verano si el Gobierno desoye su petición.
Toni Strubell y Pep Cruanyes, de la Comissió de la Dignitat
Toni Strubell y Pep Cruanyes, de la Comissió de la Dignitat
EUROPA PRESS
Toni Strubell y Pep Cruanyes, de la Comissió de la Dignitat

Un total de 43 ayuntamientos catalanes ha exigido la devolución de los 'papeles de Salamanca' —que se encuentran en el archivo de la ciudad— mediante resoluciones consistoriales enviadas al Ministerio de Cultura, y amenazan con la interposición de un recurso contencioso-administrativo antes del verano si el Gobierno desoye su petición.

En rueda de prensa, los portavoces de la Comissió de la Dignitat, Toni Strubell y Pep Cruanyes, han explicado que todos estos consistorios han ido aprobando, entre 2010 y 2014 resoluciones consistoriales para reclamar la restitución de los archivos restantes, ante las que han recibido las negativas del Gobierno.

La Comissió ha advertido de una inminente interposición de recurso contencioso-administrativo si el Gobierno responde a estas 43 resoluciones con "una negativa por silencio administrativo".

Recurso en bloque

No obstante, la Comissió —que abandera la representación de estos ayuntamientos— debe estudiar la instancia donde se interpondrá el recurso —la Audiencia o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya—, aunque en cualquier caso se realizará en bloque desde la entidad.

"La próxima vez que nieguen la devolución emprenderemos acciones legales", han apuntado ambos, que han cuantificado la cantidad pendiente de restitución en una tercera parte del total.

Las localidades con más documentos en el Archivo de Salamanca pendientes de devolución son Reus, Tarragona, Valls e Igualada, con una gran diversidad de documentos, aunque entre los 43 municipios también se encuentran Barcelona, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sort, Terrassa, Vic y Figueres, entre otros.

Según han argumentado, el expolio de esta documentación tuvo lugar entre febrero y junio de 1939 en plena vigencia de la legislación catalana, y antes de ser derogada ésta en septiembre del mismo año: "Se hizo contra las leyes vigentes en ese momento", han dicho.

Sobre el recurso recientemente interpuesto por el investigador Policarpo Sánchez contra la Generalitat y admitido a trámite por el TSJC, han dicho que es "inadmisible" afirmar que ésta se ha apropiado de documentación no catalana, y han apuntado que los papeles que no se han podido entregar han sido por defunción de los familiares, pero que, en cualquier caso, la documentación pertenece al patrimonio catalán.

Por otro lado, han explicado que el relator de las Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, se ha reunido recientemente con la Comissió de la Dignitat, dejando un documento de recomendaciones donde remarca "el incumplimiento" de España en la anulación de los procesos políticos del franquismo pendientes.

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