Las defensas de los imputados por el asedio al Parlament del 15 de junio del 2011 han presentado este lunes sus alegatos finales ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, al que han pedido la libre absolución de todos los procesados pues entienden que los hechos que protagonizaron se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión.

Tras cuatro sesiones en las que han testificado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y varios diputados y policías, el juicio quedará visto para sentencia y las defensas han aprovechado sus alegatos finales para afirmar que los procesados no cometieron ningún delito, sino que participaron en una protesta "legítima y necesaria" que hay que considerar como un ejercicio de la libertad de expresión y que, en ningún caso, se puede considerar como un acto acto violento o de coacción hacia los diputados.

También han puesto en entredicho el método que siguieron los Mossos d'Esquadra para identificar los procesados así como que las imágenes en las que se basa la acusación para afirmar que sus clientes sean autores de ningún tipo de intimidación, violencia o insulto. El abogado Benet Salellas ha recordado que el principio de responsabilidad por el hecho propio prohíbe las "causas generales" y las "condenas colectivas", y ha destacado casos anteriores como el del escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acabó con la absolución de todos los detenidos.

En las jornadas anteriores del juicio, los testigos han relatado los hechos de aquel 15 de junio del 2011, cuando una concentración convocada por el movimiento 15-M derivó en insultos y agresiones a varios diputados, obligando a Artur Mas y a varios consejeros y diputados a acceder en helicóptero al Parque de la Ciutadella, donde se encuentra la Cámara catalana.

Los fiscales Teresa Sandoval y José Perals piden cinco años y medio de prisión y una multa de 7.500 euros para cada uno de los 20 imputados, uno de ellos está en busca y captura. Les acusan de un delito contra las instituciones del Estado en concurso con el de atentado a la autoridad.

Consideran que la actuación de estos individuos "atenta contra la libertad, no sólo de los parlamentarios, sino del mismo órgano". Las acusaciones particulares, como la del sindicato Manos Limpias y el Parlament, pide hasta ocho años y medio de prisión.

Seis de los 19 acusados se han acogido a su derecho a la última palabra en el juicio y han dicho que el mismo se ha celebrado para que la población tenga miedo a manifestarse en la calle pero han advertido de que seguirán "luchando en la calle para que cambie este futuro negro", en palabras de Rubén Molina Marín, el primero en tomar la palabra y quien ha afirmado que se manifestaron para luchar por cambiar el mundo y ha comentado que son jóvenes en paro o con trabajos humillantes, muchos de los cuales han tenido que abandonar sus carreras por el aumento de las tasas.

En la misma línea, el acusado José María Vázquez Moreno, que es profesor de universidad, ha calificado de "abusivo el juicio contra unas personas que protestaban por unos recortes que han supuesto excesivas tasas universitarias, disminución en la actividad de hospitales y contratos precarios".

El imputado Francisco José Cobos ha dicho que en el juicio ha sentido que se han reído de él y que, aunque en el mismo se ha hablado de miedo —en referencia al que algunos parlamentarios dijeron pasar—, "miedo es cuando se va al contenedor porque no se tiene para comer", ha indicado.

La acusada María Durán Gurnsey ha dicho entre lágrimas que el juicio ha evidenciado el diferente trato que se recibe dependiendo de la clase social y que hay quienes viven cómodamente mientras otros son objeto de desahucios y despidos y pasan hambre.

La acusada Olga Álvarez ha estimado que se les ha juzgado para castigarles por oponerse a las políticas de las instituciones del Estado y para amenazar a la población para que tenga miedo a salir a la calle. El sexto acusado que ha tomado la palabra, Álvaro Cano Santana, ha sido únicamente para hacer suyo el alegato de su abogada.