Exasesores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) han considerado que las explicaciones aportadas por la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Ana Cobo, sobre un supuesto trato de favor que la Junta habría aplicado con cuatro de estos trabajadores por "afiliaciones políticas o sindicales", son "un ataque a la inteligencia".

En un comunicado, explican que esa denuncia sobre los cuatro exasesores se produjo "después de que estas personas se reincorporaran a sus puestos de trabajo", un hecho que demuestra, a su juicio, "la desigualdad de trato frente al resto de los miembros del mismo colectivo de la provincia de Jaén, y del resto de Andalucía, con idéntica sentencia, como es el despido improcedente".

Además, argumentan que tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, señalan que hay cinco días para recurrir la sentencia. Y así, entienden que la Junta ha recurrido la sentencia "pero no como en todos los casos". "Solo en esta ocasión lo ha hecho de una manera extemporánea según ha considerado el Juzgado, en palabras de Cobo", han indicado.

Se preguntan en este caso, y a tenor de las declaraciones de la delegada, "cómo se explica que en el único caso defendido por la asesoría jurídica de UGT en esa provincia, llevando el caso de personas afines al partido y sindicato, se hayan pasado los plazos", y dicen no entender "cómo se explica que no se haya señalado en los expedientes la opción de la Junta de optar por la indemnización en caso de despido improcedente", y "cómo casualmente y solo en este caso se ha recurrido de forma extemporánea, o lo que viene a ser lo mismo, fuera de plazo".

Así, los exasesores del SAE manifiestan que "la sentencia de improcedente que ha dado lugar a la readmisión" les hace sospechar "trato de favor ya que afecta a tres exasesores de Empleo vinculados al PSOE y/o UGT". En este sentido, subrayan "la injusticia y discriminación cometida por parte de la Junta con el resto de afectados que, con la misma sentencia de improcedencia, la han recurrido y señalado la indemnización".

"Lo que al parecer esta ocurriendo es que desgraciadamente nuestros políticos tienen ahora como el primer mensaje la mentira", han agregado en el comunicado, para exigir a la Junta de Andalucía explicaciones "antes de tachar de radicalmente falso que haya habido presunto trato de favor hacia estas personas".

Y es que, según el relato de los exasesores, de estas cuatro personas readmitidas, solo una lo ha sido por su condición de representante sindical, pero en el caso de las otras tres personas "la argumentación de Cobo no se sostiene ya que si la Junta hubiese recurrido como lo ha hecho siempre, se habría hecho en plazo y forma, o bien en todos los casos se habría hecho de una manera extemporánea a juicio del juzgado y por tanto habrían sido readmitidas las 27 personas que demandaron el despido en esa provincia, y que tuvieron en todos los casos sentencia de despido improcedente". "Si entre los exasesores readmitidos hubiese personas con otras simpatías ideológicas, podría ser más creíble todo, pero tampoco ha sido así", agregan.

En opinión de los exasesores, la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén "ha utilizado distintas palabras para maquillar que han entrado exasesores a pesar de la sentencia de improcedencia".

Por todo, piden a Ana Cobo, a la Asesoría Jurídica Provincial y a la Consejería del ramo, explicaciones "claras y razonables"; conocer los motivos que alega el Juzgado "para determinar que dicho recurso se ha presentado de manera extemporánea", así como conocer las consecuencias que traerá "que estas personas estén reincorporadas a día de hoy con una sentencia de improcedencia" y si las sentencias de estas personas "a día de hoy son o no firmes" y, en ese caso, "si adoptara la medida de reincorporar a todas aquellas personas de este colectivo a nivel andaluz con la misma sentencia de improcedencia".

"Después de esta nueva injusticia exigimos que no insulten, no solo nuestra inteligencia, sino la de todos y cada uno de los andaluces, jugando con las palabras como si de malabares se tratara, utilizando una terminología jurídica para confundir y desvirtuar la información y, sin embargo, tienen el atrevimiento de tachar de radicalmente falso lo que denunciamos", ha zanjado los exasesores del SAE.