Las denominadas cheap white son las auténticas reinas del contrabando de tabaco, suponen más del 40% de las cajetillas ilegales que entran en España, sobre todo por Gibraltar, donde pagan los impuestos y después las mafias las introducen en España para su consumo con ganancias del 100%.

Es tabaco genuino, no falsificado, que tiene una menor incidencia en la entrada al mercado español y cuando se detecta suele tener una procedencia china y va destinado a terceros países, según las autoridades aduaneras.

Las cheap white (también denominadas como illicit white) son marcas de empresas que fabrican en Luxemburgo y Grecia, sobre todo, y que introducen sus cajetillas en un mercado de baja imposición (en este caso Gibraltar) muy próximo a otro de mayores impuestos y, por tanto, con precios más elevados (como es España).

Con esta táctica, las marcas pagan los impuestos más bajos en Gibraltar, pero su producto se consume en el mercado español, con lo que logran hacerse con una participación de mercado cada vez mayor desplazando a otras del mercado legal, gracias al diferencial de precios, y llegan a tener una cuota cercana al 5%, según los últimos análisis del sector.

Algo parecido ocurría en Andorra en los años 1990, con entradas masivas de tabaco de contrabando, pero las autoridades cambiaron su actitud, controlan el flujo de entrada y ahora "no quieren ser identificados como el país del contrabando", destaca la directora de asuntos corporativos y legales de Altadis, Rocío Ingelmo.

En el caso de Gibraltar, la situación no es precisamente la misma, pese a que los representantes de la Unión Europea (UE) que el pasado septiembre visitaron España pidieron un incremento de las vías de colaboración con las autoridades de Gibraltar que deben luchar contra el contrabando.

No ha habido cambios desde esta visita. El pasado año entraron en Gibraltar 100 millones de cajetillas para una población de 29.000 gibraltareños, según los datos del delegado especial para Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Alberto García Valera.

Esta entrada masiva supondría que toda la población gibraltareña, niños y ancianos incluidos fumarían las 24 horas al día un cigarrillo cada 7,5 minutos; o lo que es lo mismo, 8 cigarrillos cada hora; que suponen 189 pitillos al día y 68.965 al año por persona.

Algo que, evidentemente, no se produce. Ese tabaco que entra en Gibraltar con una tributación del 1% se introduce de contrabando en España, donde los impuestos representan el 80% del precio de la cajetilla; es lo que se llama una imposición indirecta, paga impuestos en un país, pero es consumido en otro, resalta Ingelmo.

El 40% del tabaco de contrabando incautado en España procede fundamentalmente de Gibraltar, según García Valera, quien recuerda que la cifra se ha incrementado notablemente desde 2010, cuando por la aduana de la Línea se incautaron 1,2 millones de cajetillas, hasta 4,2 millones aprehendidas en 2013.

El resultado es que mafias organizadas dentro de Gibraltar y en España trasladan estas cajetillas a suelo español, con lo que logran un 100% de ganancias: la cajetilla que en Gibraltar se vende a dos euros se coloca a 3,95 euros en España, detalla Ingelmo.

Para lograr un trazabilidad de las cajetillas, Altadis —que forma parte del grupo Imperial Tobacco— es la única compañía tabaquera que identifica con una GB sus cajetillas que van dirigidas para la venta en Gibraltar y marca las destinadas al mercado andorrano con la frase de "Hecho para el consumo en Andorra".

Las cuatro grandes tabaqueras —Imperial, Philip Morris, JT International y British American Tobacco— son las únicas compañías que han suscrito acuerdos con Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) para combatir el contrabando, algo que no tiene el resto, incluidas las que fabrican las cheap white.

Estas tabaqueras también estudian el tabaco de contrabando que se introduce en el mercado español, que según los últimos datos supone que el 11,3% de las cajetillas consumidas en 2013 por los fumadores carecía de precinto legal.

Para ello realizan, a través de una consultora externa, encuestas al consumidor y recolectan cajetillas en las aceras y papeleras para ver si llevan el precinto fiscal que indica que paga impuestos en España.