La Federación Andaluza de Empresas de Formación (Cecap-A) ha indicado que "de los 1.728 expedientes verificados, están en proceso de reintegro el tres por ciento de ellos, por un importe aproximado del uno por ciento del monto verificado", y ha aclarado que estos procesos de reintegro "no tienen que ser por fraude, sino por no haber cumplido alguno de los requisitos exigidos".

En un documento de la federación, consultado por Europa Press, Cecap-A ha indicado que en el debate parlamentario celebrado en el Parlamento andaluz sobre la situación de la formación profesional para el empleo, se ofrecieron diversos datos, de forma que en el periodo 2007-2013 se han dedicado a la formación profesional para el empleo 2.326 millones para 36.000 cursos con 758.000 alumnos de los que 417.000 (55 por ciento) eran desempleados y 341.000 (45 por ciento) eran ocupados.

Los cursos los impartieron 8.505 expedientes (entidades) de los que están verificados 1.728 (el 20 por ciento). De estos expedientes, 56 (solo el tres por ciento) están en proceso de reintegro, incluidos los 17 de Málaga, de los que cuatro tienen liquidación en firme por un millón y 52 provisional por valor estimado de seis millones.

De esta forma, según Cecap, "de los 1.728 expedientes verificados están en proceso de reintegro el tres por ciento de ellos, por un importe aproximado del uno por ciento del monto verificado".

Han dejado claro que estos procesos de reintegro "no tienen que ser por fraude, sino por no haber cumplido alguno de los requisitos exigidos, como, por ejemplo, no haber contratado a la totalidad de los empleos comprometidos, sino a alguno menos de los previstos, por lo que hay que deducirle de la liquidación la parte proporcional correspondiente".

Cecap ha recordado que las subvenciones se pueden adjudicar por concurrencia competitiva 'privada', unos cursos que son "presenciales" y donde "es casi imposible que se produzca fraude sin ser detectados". Agregan que estas acciones formativas "representan menos de un tercio del total de cursos".

El resto de cursos se adjudican de forma directa a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sindicatos, Faffe, corporaciones locales y subvenciones especiales. Ha precisado que estas partidas "están destinadas, en general, a entidades públicas". En este caso, los cursos, además de ser presenciales, "también son a distancia y 'on line', ya que no están sujetos en general a convocatorias y representan más de los dos tercios del total de los cursos". Cecap precisa que "son en estas ultimas entidades, las de adjudicación de forma directa, donde se están detectando las irregularidades".

Así, han precisado que "las cuatro entidades a las que la Junta les reclama en firme el reintegro son públicas".

Han recordado que la Cámara de Cuentas "detectó las principales deficiencias en la Faffe y ha decidido auditar la totalidad de sus cuentas desde el año 2003 a 2011". La Cámara de Cuentas "también detectó que el 89 por ciento de estas subvenciones se habían concedido sin concurrencia competitiva", ante lo que Fiscalía "ha decidido investigar las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas", mientras que la Policía investiga en Málaga a 17 entidades por cursos con compromiso de contratación, correspondientes a Subvenciones Especiales.

Cecap ha precisado que "las subvenciones que se adjudican a la CEA, sindicatos y Faffe se dedican a cursos que en algunas ocasiones se realizan por empresas que ellos particularmente eligen y a las que a veces le retraen el 20 o 30 por ciento del importe de los cursos por motivos de coordinación".

En ese sentido, han dejado claro que los cursos desarrollados por las empresas "están ejecutados, inspeccionados por los técnicos de la Junta de Andalucía, pagados anticipadamente por las propias entidades, auditados y entregados los justificantes en el registro de la Junta de Andalucía". Agrega que "una vez entregados los justificantes de los gastos, las auditorias, la Junta ha establecido internamente que tienen que verificarlos además sus técnicos para reconocerlos como obligaciones de pago".

En ese punto, ha precisado que la Cámara de Cuentas "ha detectado que la Junta lleva años de retraso en verificar los justificantes entregados por las entidades y por lo tanto sigue sin reconocer la Deuda y sin abonarla".

Para Cecap, "a la Junta no le interesa reconocerlos porque, de esta forma, puede presumir de cumplir con la deuda y con el déficit público, mientras las pymes van quebrando por los incumplimientos de la Junta".